Los asesinatos y homicidios de mujeres por razón de género son los únicos delitos que han aumentado este año en Ecuador, en paralelo a la cada vez mayor concienciación social sobre la violencia machista y la adopción de medidas para combatirla.
PUBLICIDAD
Desde que comenzó 2017 y hasta el pasado 5 de noviembre se registraron en el país 92 casos de muertes violentas de mujeres por parejas, exparejas o por su condición de género, 28 más que en el mismo período del año pasado, según reveló el titular del Interior, César Navas.
Por el camino han quedado en torno al centenar de niños huérfanos en un país con cerca de 16,4 millones de habitantes, y donde el 60 por ciento de las ecuatorianas asegura haber atravesado por algún cuadro de violencia, ya sea física, sexual o psicológica, según las estadísticas nacionales.
En vísperas de que el próximo sábado 25 de diciembre se conmemore el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los datos son palmarios.
Ecuador es el sexto país con la tasa más alta de femicidios de la región latinoamericana y Caribe, donde es la primera causa de muerte entre las mujeres de 16 a 44 años por delante del cáncer, según la ONU.
El índice de homicidios y asesinatos de mujeres es de 5,04 casos por cada 100.000 habitantes, representando más del 40 por ciento del total de todos los delitos que se cometen en el país andino.
«Tenemos un incremento en los femicidios», reconoció el ministro en el V Encuentro de Seguridad Ciudadana de Ecuador celebrado en Quito, donde llamó «a trabajar en conjunto en la formación de valores en jóvenes y niños para tener una sociedad cada vez más pacífica».
PUBLICIDAD
Antes de la entrada en vigor en 2014 del Código Orgánico Integral Penal en Ecuador, que tipifica el femicidio como delito, las muertes de mujeres a manos de hombres por razón de género se enmarcaban bajo el recuadro de crímenes pasionales o violencia interfamiliar.
Desde que comenzaron a atenderse judicialmente como tales estos delitos y hasta octubre de este año, 246 mujeres perdieron la vida en esas circunstancias, según la Fiscalía General del Estado, que indicó que el 70 por ciento de las víctimas tenían entre 15 a 34 años, y apenas 28 habían presentado denuncia previa.
La violencia contra las mujeres ha llevado a varias campañas de sensibilización en diferentes sectores sociales, e iniciativas tan impactantes como la de un cubo de grandes dimensiones en uno de los principales parques de la capital con la leyenda de «No violarás».
La Iglesia Católica ecuatoriana se ha hecho eco de la inquietud al denunciar esta semana que «en nuestra sociedad el problema real y triste del trato a la mujer y de la violencia doméstica se ha recrudecido en estos últimos tiempos».
Bibiana Aído Almagro, responsable de ONU Mujeres en Ecuador, dijo a Efe que pese a que queda camino por hacer en la región, 16 países han tipificado estos crímenes como femicidios y trabajan en leyes de «segunda generación» para prevenir y erradicar esta lacra.
El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció en agosto, tres meses después de asumir el cargo, un proyecto de ley para frenar el aumento de crímenes machistas, que está analizando actualmente la Asamblea Nacional (Parlamento).
«En Ecuador existe una voluntad política para avanzar en su erradicación como la «cruzada nacional contra la violencia hacia las mujeres» anunciada por el presidente o el proyecto de ley que estudia el Congreso», manifestó Aído Almagro.
El borrador se encuentra en una fase de discusión y análisis acerca de los ejes en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, entre los que se encuentran las Medidas Administrativas de Protección (MAP) que en virtud de la ley, serán de aplicación inmediata y provisional.
Hasta su concreción y aprobación final, son la Fiscalía y el sistema integrado de emergencias ECU-911, en coordinación con la Policía comunitaria, las instituciones que hacen seguimiento tanto a víctimas, como a los propios agresores, en aquellos casos reportados.
Mientras se gestiona una legislación integral, en el plano jurídico la lucha contra la impunidad ganó este miércoles una batalla en el país.
El Tribunal de Garantías Penales del Azuay condenó a 34 años y ocho meses al autor del femicidio de Cristina Palacio, cuyo cuerpo fue arrojado a un río, en un caso muy controvertido ocurrido en marzo pasado en el municipio de Cuenca, en el centro austral del país.
Sobre un problema de orden mundial y con ondas raíces en siglos de desigualdad y subordinación del rol de la mujer, Almagro subraya que «hay que combatir también la impunidad social, que no se justifiquen ni se toleren los actos de violencia». EFE
