El caso de las denuncias de abuso sexual contra menores en Ecuador está llegando a las más altas esferas al poner en entredicho la gestión en el tema de un exministro de Educación y actual asambleísta, mientras el Ejecutivo mantiene una «cruzada de cero tolerancia» a esas atrocidades.
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Las denuncias de abuso sexual a niños se cuentan ya por cientos en Ecuador y sólo en una institución se investiga el presunto delito contra 100 menores, en otra contra 84, mientras en una más ya se ha dictado sentencia contra un profesor que atentó contra el pudor de 41 estudiantes de entre 10 y 11 años de edad.
Pero hay más casos y, en el más reciente, se detuvo para investigaciones a un profesor de música que, presuntamente, abusó de menores de preescolar.
Los innumerables casos en el país han llevado al Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha a presentar una denuncia penal contra Augusto Espinosa, ministro de Educación entre 2013 y 2016 y actual asambleísta oficialista.
La denuncia se presentó ante la Fiscalía por el delito de supuesto fraude procesal pues «se puede deducir la presunta responsabilidad de ocultamiento de información para el inicio de una investigación», sostiene el Colegio de Abogados.
Pero Espinosa, quien rechaza la acción del Colegio de Abogados, y se dice víctima de persecución política, asegura que sí había denuncias en la Fiscalía.
Además, sostiene que no es posible afirmar que ocultó información pues, según la estructura orgánica desconcentrada del Ministerio, «no es el ministro quien recepta y gestiona estos casos», apunta Espinosa, actual presidente de la comisión de Educación de la Asamblea Nacional.
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Y ante publicaciones de prensa que cuestionan su accionar, Espinosa escribió en Twitter: «Si habían denuncias en Fiscalía entonces no estaban ocultos. Ya basta de sembrar tanto odio, difamar y politizar el dolor de las familias. Acusar sin pruebas es un delito».
En torno al accionar en general sobre las denuncias de los casos de abuso, el actual ministro de Educación, Fánder Falconí, ha hablado de un conjunto de «omisiones negligentes», algo con lo que concuerda la asambleísta de oposición Lourdes Cuesta, integrante de una comisión del Parlamento que investiga el tema.
Cuestiona que no se hayan abierto expedientes contra algunos profesores señalados por supuestos abusos y que los hayan reubicado en otras instituciones.
El viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, entregó esta semana, para investigación a la Fiscalía, 82 resoluciones administrativas sobre delitos contra la integridad sexual archivados desde 2015.
Esta medida responde a la presión ciudadana y a que las actuales autoridades educativas «no quieren llevar a cuestas esta atrocidad», dijo Cuesta a Efe al apuntar que la decisión del Colegio de abogados responde a que no hay confianza en la acción fiscalizadora de la Asamblea.
«Y tienen toda la razón», subraya.
También cuestiona que la sociedad no se haya volcado masivamente a las calles para protestar por el tema como sí ha ocurrido cuando se trata de asuntos económicos o políticos.
La legisladora pide «sanciones ejemplares» en los casos de abuso y asegura que el Estado debe profundizar protocolos en las instituciones educativas para que «jamás» vuelva a ocurrir algo parecido.
Cree oportuno que se emulen en Ecuador acciones de otros países, donde se registra en una base de datos a un abusador sexual y, aunque haya cumplido su pena, se monitorean sus actividades para que no se acerque a niños, relata.
Asimismo, exige la selección de personal idóneo para las instituciones educativas y que el Estado dé apoyo psicológico para los menores abusados y sus familias.
Y precisamente, en medio del escándalo, la máxima autoridad del Estado, el presidente Lenín Moreno, ha subrayado que su Gobierno está en una «cruzada de cero tolerancia» contra el abuso sexual infantil en las escuelas.
Por ello también ha incluido en una consulta popular que está en estudio, una pregunta para que no prescriban ese tipo de delitos contra los menores.
EFE
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