Este 30 de octubre, la Contraloría General del Estado remitió al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, la resolución en la que se imponen las sanciones administrativas de multa y destitución al los involucrados en el caso del Bloque Singue.
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En el documento, firmado por el contralor Pablo Celi, se pide a la Asamblea que en el ámbito de sus competencias y en conocimientos de los hechos, ‘adopte decisiones pertinentes’.
En el documento se afirma: «Es necesario, señor Presidente, que la Asamblea tenga en consideración que las sanciones, en este caso de multa, destitución derivadas de un proceso de control de recursos públicos, son diferentes de aquellas resultantes de la aplicación del régimen disciplinario que prevé la Ley Orgánica del Servicio Público; así como también de las que, por responsabilidad política señala el Art. 129 de la Constitución (…)”.
Además, se detalla que tras el análisis realizado por la Contraloría se desprenden 2 informes: uno en el que se determinan las responsabilidades civiles y otro con indicios de responsabilidad penal.
De igual forma, se asegura que según el examen especial se registra la existencia de un prejuicio económico al Estado que alcanza la suma de USD 5′ 243 132,38.
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