La Fiscalía del Estado ecuatoriano inició formalmente una investigación por el presunto delito de cohecho contra el vicepresidente Jorge G., quien permanece en prisión preventiva tras ser vinculado en un proceso por supuesta asociación ilícita por el caso Odebrecht, informa este viernes el diario El Telégrafo.
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Precisa el rotativo que la decisión se basó en las presuntas irregularidades encontradas en torno a los contratos de la multinacional brasileña en los cuales ha sido implicado.
Con este nuevo elemento, podría plantearse un nuevo juicio político contra el Vicemandatario, ya que esta figura es una de las causales previstas en la ley para ello, lo cual podría derivar en su destitución.
Sin embargo, el funcionario ha reiterado que no ha tenido participación en ningún delito ni ayudó a Odebrecht a obtener en Ecuador contratos favorables y dijo que cumple cárcel preventiva bajo protesta.
El diario informó que también se activaron otras cinco indagaciones por la central hidroeléctrica Manduriacu, el poliducto Pascuales-Cuenca, los trabajos en el terreno de la Refinería del Pacífico, el acueducto La Esperanza y el trasvase Daule-Vinces.
“Los cinco expedientes serán tramitados en las oficinas de la Fiscalía General del Estado. El proceso de investigación es reservado, según establece el Código Penal”, apuntó la fuente.
Las revelaciones en este caso señalan que la constructora brasileña habría desembolsado al menos 33,5 millones de dólares en coimas en Ecuador para obtener jugosos contratos, pero el Procurador General del Estado, Diego García, señaló la semana pasada que podría superar los 50 millones de dólares.
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De ese total, el empresario Ricardo R., tío del Vicepresidente, quien está siendo procesado también por asociación ilícita, habría recibido presuntamente 14 millones de dólares de esa compañía foránea, que enfrenta investigaciones por la trama de corrupción en unos 12 países.
Trascendió que en las próximas horas se conocerá la fecha de la audiencia de la presentación del dictamen fiscal en el caso de presunta asociación ilícita y la decisión la deberá tomar el juez Miguel Jurado.
Esa convocatoria será para definir la acusación contra los 18 implicados y luego del dictamen se iniciará formalmente el juicio.
Fuente: Andes
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