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El vicepresidente Jorge G., en prisión preventiva por presunta corrupción en el caso Odebrecht, informó que apelará la resolución de destitución dada a conocer hoy por la Contraloría del Estado, en relación con las irregularidades en la concesión de yacimientos petrolíferos.
«Presentaré, en las próximas horas, un recurso ante el propio contralor y ante el Tribunal Contencioso Administrativo sobre la inconsulta resolución», dice el vicepresidente en un comunicado.
La sanción de destitución del vicepresidente fue notificada por la mañana por el contralor subrogante Carlos Pólit, quien adujo haber confirmado su responsabilidad culposa en el expediente conocido como caso Singue.
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Se trata de la adjudicación de forma presuntamente irregular de contratos de servicios y explotación petrolera en ese bloque de la Amazonía ubicado en la provincia de Sucumbíos.
La decisión de destitución, que le impediría al vicepresidente ocupar un cargo público durante dos años, cae de partida en un vacío legal porque es aplicable a su época como ministro y no como vicepresidente.
Al haber sido elegido por voto popular, la constitución prescribe que solo es destituible por mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional.
En cualquier caso, el vicepresidente calificó la resolución del contralor como «absurda e ilegal».
«Cabe recalcar que, en el supuesto no consentido, en que esta sanción con destitución surtiese efecto, esta operaría sobre el cargo de miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), más no sobre el de vicepresidente, cargo que desempeño desde el 2013 hasta la actualidad, por decisión soberana del pueblo ecuatoriano», subraya la misiva.
El vicepresidente, del movimiento Alianza País, el mismo del actual presidente Lenín Moreno, dijo que apelará la sanción pues esta recaería «sobre mis funciones anteriores y no sobre las actuales».
Y vuelve a insistir, como lo viene haciendo en los últimos dos meses, que es objeto de la «más infundada, agresiva e ilegítima persecución política».
EFE
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