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Eduardo Franco, abogado de Jorge G., presentó denuncia contra juez Jurado

Franco Loor, que se encontraba en Guayaquil afirmó: “delegados fueron a entregar pero yo firmé como procurador síndico, yo hice la denuncia”.

El abogado del vicepresidente Jorge G., Eduardo Franco Loor, presentó este 16 de octubre una denuncia en contra del juez nacional Miguel Jurado por delito de prevaricato.

Franco Loor, que se encontraba en Guayaquil afirmó: «delegados fueron a entregar pero yo firmé como procurador síndico, yo hice la denuncia».

De acuerdo con información de El Telégrafo, el jurista indicó que la denuncia se basa en que durante el proceso legal, presuntamente el magistrado «violó flagrantamente» las normas del proceso del Código Orgánico Integral Penal (COIP), concretamente los artículos referentes al prevaricato y agregó que «cuando los jueces no observan las normas legales y no actúan conforme a derecho, son prevaricadores».

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En la publicación también se destaca que el abogado no especificó el contenido de la denuncia, pero adelantó que este documento apela a varios artículos del código, entre estos el 542 que habla sobre los casos de incumplimiento de medidas cautelares.

«El vicepresidente nunca incumplió la prohibición de salida del país, solo cuando hay un incumplimiento puede cambiarse la medida cautelar que es la prisión preventiva. Allí hay una actitud negligente y dolosa de perjudicar e inobservar normas del debido proceso», expresó.

Franco Loor también se refirió a la recusación (impugnación) en contra de Jurado. Explicó que la medida fue solicitada debido a que el magistrado «no es imparcial». «(Jurado) no es una persona idónea para conocer la etapa evaluatoria de juicio porque ya tiene un criterio», sostuvo.

El abogado esperará que este pedido se resuelva a lo largo de la presente semana y que el caso sea conocido por otro juez. «El proceso no puede paralizarse», advirtió.

El pasado 15 de octubre, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ, Supremo) de Ecuador negó el recurso de hábeas corpus solicitado por el vicepresidente del país, Jorge G., sometido a prisión preventiva por estar vinculado en una supuesta asociación ilícita relacionada con el caso Odebrecht.

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