El Presidente de la República, Lenín Moreno, y el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Augusto Barrera, se reunieron con los rectores de 60 universidades del país y ratificaron que la educación superior es una prioridad del gobierno nacional.
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En la reunión, en la que el Ejecutivo escuchó las demandas y propuestas de los rectores, el Jefe de Estado destacó la importancia de fortalecer el sistema de educación superior y la necesidad de continuar con la política del diálogo, la cual, en el caso de la educación superior, constituye un mecanismo para impulsar de manera efectiva los proyectos de vida de los jóvenes.
El Secretario de Estado reconoció que las instituciones de educación superior son actores principales del sistema, y agradeció su apoyo para el incremento de los cupos. Además, subrayó que las puertas de la Senescyt están abiertas al diálogo franco y permanente.
Señaló que la coordinación y el trabajo conjunto del sistema es clave para solventar problemáticas, así como para impulsar las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
En el encuentro intervinieron los rectores Sergio Flores, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral; Fernando Ponce, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Carlos Montúfar, de la Universidad San Francisco de Quito; Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador; Marcelo Cevallos, rector de la Universidad Técnica del Norte; y María Isabel Salvador, en representación de la Universidad de las Américas.
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Por su parte, las autoridades académicas celebraron la apertura al diálogo del gobierno nacional y plantearon inquietudes relacionadas a la devolución del IVA, el decreto de austeridad, la necesidad de contar con recursos para la investigación, las reformas a la LOES, entre otros.
Además, entre las propuesta planteadas se expusieron: la creación de un sistema diferenciado de admisiones, que considere el historial académico de los jóvenes, y no solo el examen como es actualmente; la posibilidad de que las instituciones de educación superior puedan gestionar y operar los recursos de autogestión; la creación de un fondo que se sustente con donaciones ciudadanas; la creación de institutos técnicos y tecnológicos por parte de las universidades.
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