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Asambleístas, descontentos con reducción de salario

En el caso particular de los asambleístas, la disposición supone una rebaja de USD 500 de su remuneración mensual.

El presidente Lenín Moreno, mediante el decreto Nº 135, expidió las normas de optimización y austeridad del gasto público, entre las que se contemplaba la reducción de salario para algunos servidores públicos.

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Esta medida, que afecta a los asambleístas, ha sido rechazada tanto por representantes del oficialismo como por la oposición.

De acuerdo con información de diario Expreso, asambleístas de Alianza PAIS (AP) sostuvieron que la Asamblea no se rige por el Código de Trabajo y que por este motivo no tendrían que bajarse el sueldo.

Por su parte, el argumento de la oposición (CREO, SUMA, Pachakutik, Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero) para rechazar la norma es que «no tienen por qué pagar los platos rotos que han generado la corrupción y el despilfarro en los últimos 10 años», reseña el medio.

De igual forma, asambleístas provinciales hacen críticas debido a que no se ha tomado en cuenta que, para el caso de ellos que tienen que cambiar de residencia y reciben USD 700 para esto, también tienen que comprar muebles, por ejemplo. Sostienen que en general los gastos de ellos son más altos que los regulares.

Otros legisladores recordaron que anteriormente ya les habían hecho una reducción y nuevamente se ven afectados por este tipo de decisiones.

La disposición sobre la reducción salarial se recoge en el Acuerdo Ministerial 152, firmado por Raúl Ledesma, titular del Ministerio de Trabajo, y que se deriva del Decreto Ejecutivo 135 del presidente Moreno para reajustar los salarios del alto jerárquico.

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Este 27 de septiembre empezó a circular una tabla con los 26 cargos directivos que se verían afectados: asambleístas, secretarios de áreas, coordinadores hasta asesores de nivel 1 y 2.

En el caso particular de los asambleístas, la medida supone una rebaja de USD 500 de su remuneración mensual.

 

 

Por otra parte, hay excepciones para determinados funcionarios que no se verán afectados por la disposición: directores y gerentes de hospitales, centros o unidades de salud, director, rector y miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía y Comisión de Tránsito.

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