La vinculación del vicepresidente Jorge Glas en una investigación penal de la Fiscalía sobre el escándalo Odebrecht profundiza la grieta en el movimiento oficialista, que ha visto un careo sin fin entre sus dos máximos líderes: el presidente Lenín Moreno y el expresidente Rafael Correa.
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Moreno, que asumió la Presidencia de Ecuador en mayo pasado tras recibir el testigo de Correa, retiró hace varias semanas de todas las funciones encomendadas a Glas, vicepresidente de ambos.
Incluso el actual mandatario -en una actitud criticada por varios sectores del movimiento oficialista Alianza País (AP)- ha ganado elogios de grupos opositores por dejar a su suerte a Glas y sospechar que la fuerza de las acusaciones de corrupción apuntan cada vez más en su contra.
El pasado martes, y tras recibir autorización de la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) prohibió a Glas salir del país, en el marco del proceso de investigaciones del caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La Fiscalía, peticionaria de la medida, solicitó órdenes de prisión preventiva (con fines de investigación) contra otros vinculados en el caso de presunta asociación ilícita en la adjudicación de contratos a la empresa brasileña.
La oposición, que pedía prisión para Glas, consideró insuficiente la medida contra el segundo mandatario, quien goza del derecho de libre movilidad por el país dada su alta jerarquía.
Ese estatus de vicepresidente será puesto a prueba cuando el presidente Moreno se ausente del país el próximo día 19 y vaya a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.
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La Constitución, en el artículo 146, dice que «en caso de ausencia temporal en la Presidencia de la República, lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia».
Pero el mismo artículo define como ausencia temporal del Presidente aquellos casos en los que se produzca una «enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor» que le impida ejercer el cargo.
Por ello, el jefe del Estado podría no encargar sus funciones al vicepresidente, al considerar que su asistencia a la sede de la ONU no implica incapacidad de ejercerlas.
De eso también echaba mano, en su momento, el expresidente Correa, quien reside actualmente en Bélgica, de donde es oriunda su esposa, Anne Malherbe.
Desde Bruselas, justamente, y en una presentación de vídeo a través de internet, Correa defendió a Glas y volvió a arremeter contra la gestión de su sucesor.
«Hemos vivido cien días de puro show», aseguró Correa tras criticar el hecho de que Moreno haya decidido entregar a la banca privada el manejo del dinero electrónico, que durante su mandato estuvo a cargo de la banca estatal.
También le achacó las supuestas contradicciones sobre la situación en la Refinería Esmeraldas, la más importante del país y que, según la administración de Moreno, se encuentra en crisis, pese a que fue repotenciada de forma integral en el Gobierno de Correa.
Las diferencias y, sobre todo, la renuencia de Moreno a reconocer la gestión de su antecesor, llevó también a que tres funcionarios clave dimitieran de sus cargos.
Los consejeros presidenciales Virgilio Hernández y Ricardo Patiño, este último un excanciller de Correa, así como la secretaria de Gestión Política, Pola Pabón, renunciaron a ser parte del Gobierno de Moreno, al que respaldarán desde la libertad de no estar atados a cargos.
Los tres, también elementos clave en los procesos de organización de Alianza País, aseguraron que la lucha contra la corrupción que Moreno defiende ahora surgió en el periodo de Correa, quien incluso expulsó del país por un par de años a la brasileña Odebrecht.
Desde Bélgica, Correa reconoció que fue un error haber aceptado la vuelta de Odebrecht, que se había comprometido a solucionar los fallos que se presentaron en algunas obras a ella adjudicadas, especialmente la planta hidroeléctrica San Francisco.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en diciembre pasado, informó de que Odebrecht había pagado unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y Africa, entre ellos Ecuador.
El presidente Moreno no sólo aupa las investigaciones contra los que aparezcan como responsables, sino que ha asumido la lucha contra la corrupción como una de sus metas de gobierno y una de sus principales diferencias con la administración de su correligionario y antecesor.
Por contra, Correa sostiene que se debe respetar el estado de derecho que rige en el país y no abusar del estado de opinión de algunos políticos que quieren cosechar de un escándalo que no se sabe como terminará.
EFE
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