Ecuador se ha lanzado a una implacable lucha contra la presencia de pesqueros extranjeros en la proximidades de su zona económica exclusiva (ZEE) y apela a la comunidad internacional para impedir casos como el del pesquero chino capturado en Galápagos con especies protegidas.
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En el eje de esta campaña internacional está la exigencia de cumplir, de la forma más estricta posible, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que establece un régimen especial de regulación más allá de las aguas territoriales o incluso la ZEE.
Ecuador «tiene el derecho de demandar (…) medidas que (…) tiendan a establecer condiciones de sostenibilidad, del cuidado de las especies, aun cuando (los pesqueros) se encuentren» en aguas internacionales, explicó a Efe Lorena Tapia.
Ministra y presidenta del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Tapia trata coordinar una acción a todos los niveles para alertar sobre los daños que esta pesca está causando a la exclusiva reserva natural marina de las Galápagos, patrimonio de la humanidad.
«En Galápagos hay una serie de especies que son altamente migratorias, que no conocen lo que se llaman fronteras y pasan de una zona a otra», alertó durante una visita para periodistas organizada tras el escándalo del pesquero Fu Yuan Yu Leng 999.
Capturado el pasado 13 con más de 300 toneladas de pescado en sus bodegas, el 60 por ciento de ellos tiburones -y de estos algunos tipos protegidos-, su tripulación afronta proceso judicial en la Isla de San Cristóbal.
El director del Parque Nacional Galápagos, Walter Bustos, a cargo de defender el caso en sus aspectos técnicos, dijo que se exige la pena máxima de tres años de cárcel por la gravedad de los hechos.
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También se demandará una indemnización de 36.800 millones de dólares por el daño biológico a largo plazo, teniendo en cuenta que esos tiburones pueden vivir hasta 20 años y su pesca «desestabiliza la salud del ecosistema».
Pero más allá del castigo, lo que el Gobierno de Lenín Moreno pretende es pasar un enérgico mensaje.
«Este caso de delito ambiental es emblemático. Esto es un mensaje para el mundo (…). La sanción económica es importante, pero el mensaje es doblemente importante», aseguró la ministra.
Importante porque el pesquero pertenece a una flota de unos 300 barcos que faenan en aguas internacionales cerca de Ecuador, en lo que es una industria flotante que consume recursos y castiga el medioambiente.
La semana pasada el Ministerio de Exteriores presentó una «protesta formal» a China, a la que este país no ha respondido públicamente.
«El embajador chino manifestó la mejor voluntad de su gobierno para tomar las medidas necesarias de conformidad con los convenios internacionales sobre la materia (y) poner fin a estas prácticas ilícitas», dijo la Cancillería ecuatoriana, al cabo de varios días de silencio de Pekín.
Consciente de sus limitaciones frente al gigante asiático, que es además un importante cliente de petróleo y fuente de asistencia, portavoces ecuatorianos aclararon que la demanda no es contra China sino la empresa pesquera.
Pero en una acción más amplia Quito ha apelado a internacionalizar el caso para afrontar futuros problemas.
Así lo señaló el director de Relaciones Vecinales y Soberanía de su Cancillería, Efraín Baus, quien señaló que las acciones de coordinación han incluido al Organismo de Regulación Pesquera del Pacífico Sur de Suramérica y la Comisión Interamericana del Atún Tropical.
La coordinación también se ha hecho con los vecinos Colombia y Perú, para verificar informaciones sobre la situación de la flota pesquera china, apuntó.
Y aseguró que el Gobierno chino ha iniciado una investigación y ha ofrecido establecer «medidas correctivas para que situaciones de esta naturaleza no se repitan».
Unas promesas que, para el ciudadano de pie, sobre todo el galapagueño, quedan lejos y difusas.
Miles de ellos salieron el viernes a las calles de Puerto Ayora, capital de la isla de Santa Cruz, para manifestar su indignación, con pancartas como «los tiburones son la vida de nuestros mares», «respeto al mar», «Stop killing sharks».
Y la demanda pública -que presentarán el martes a las autoridades de Quito- de ampliar las aguas territoriales de 40 a 100 millas.
El descontento popular ya había tenido sus primeros destellos en Quito, cuando unas doscientas personas se concentraron frente a la embajada del país asiático al grito de «¡Chinos fuera!» y «Galápagos no se toca».
«Es un crimen no sólo contra el ecosistema de Galápagos, sino contra todo el planeta. Todos estamos indignados», había reconocido antes el presidente Moreno, quien prometió a la ciudadanía «fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Naval» con el fin de «enfrentar estas amenazas».
Fuente: EFE
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