En 214 días, un total de 103 mujeres murieron de forma violenta en el Ecuador. Las provincias más pobladas son también en las que se registra una mayor tasa de femicidios: En Guayas se registran 21 casos y en Pichincha son 20, le sigue Manabí con 12, Azuay (8) y Los Ríos (7).
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Según el mapa de femicidios diseñado por el Colectivo Geografía Crítica, en Ecuador una mujer es asesinada cada 50 horas y lo alarmante es que la prevalencia de este delito se ha multiplicado.
En 2011, la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) evidenció que 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia; 1 de cada 4 han sido víctimas de violencia sexual; y, 4 de cada 10 mujeres han sido maltratadas físicamente.
Esta encuesta también demostró que los perpetradores de la violencia están presentes en todos los ámbitos (familiar, educativo, de la salud, laboral, comunitario), pero la mayor parte de ellos son parientes, allegados y conocidos de las víctimas. De hecho el 76% de las mujeres sobrevivientes identifica como agresores a su pareja, expareja, conviviente o amante.
Pero la violencia no solo acaba en muerte. Según información recogida por diario El Tiempo, en la Unidad de Violencia del Complejo Judicial del Azuay ingresaron de enero a junio de este año, 1.050 causas de las cuales 806 terminaron en inhibiciones.
Un total de 286 causas están en trámite, 146 terminaron en una sentencia absolutoria, 65 han llegado a sentencia condenatorias, 11 se archivaron y 9 prescribieron. Gran parte de los casos que no llegaron a sentencia fue porque las víctimas prefirieron no seguir adelante con el proceso penal.
Según cifras del Consejo de la Judicatura en 2015 ingresaron 37 causas mientras que en 2016 la cifra subió a 56.
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Desde agosto de 2014, cuando el femicidio es tipificado como delito, hasta julio de este año, se han judicializado 152 casos de femicidio en el país, de los cuales 81 son causas resueltas, 65 tienen sentencias condenatorias, y 5 sentencias absolutas.
Según la Coalición de Mujeres solo este año se ha registrado 104 casos de femicidio en el país, sin embargo el Consejo de la Judicatura refiere que si bien se han registrado 132 muertes violentas, solo 77 o 78 se pueden catalogar con ese tipo de delito.
Las cifras no coinciden porque algunos de los asesinos se suicidaron después de matar a las mujeres, por lo que no entran en las estadísticas de la Fiscalía ya que no existe a quien juzgar; además hay casos que no se judicializan porque las familias prefieren no denunciar.
Es por ello que insisten en la necesidad de que el INEC realice una nueva encuesta familiar de violencia de género, pues la que vigente que se realizó en 2011, arrojó información bastante precisa.
El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh y la representante de la División de Programas de ONU Mujeres, María Noel Vaeza se reunieron la semana pasada en Quito para analizar los avances que ha tenido el país en la lucha contra la violencia de género.
En el encuentro Jalkh destacó la construcción de infraestructura moderna y la renovación del sistema procesal con la implementación del Código Orgánico General de Procesos lo que permitió tener juicios más ágiles. Un proceso ordinario que antes se demoraba entre cuatro y ocho años ahora se resuelve en un tiempo promedio de cuatro meses.
Vaeza felicitó estos esfuerzos pero también pidió que exista un sistema que esclarezca las cifras. “A nosotros nos interesa mucho que los datos sean mejor recolectados y que haya un mejor reconocimiento de esas estadísticas, porque si no tenemos estadísticas claras cómo vamos a saber a quién defender, y cómo prevenir, que es lo más importante”, dijo.
El presidente Lenín Moreno presentará este 24 de agosto a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar toda forma de Violencia contra la Mujer, que recoge propuestas del Ministerio de Justicia y de organizaciones civiles entre ellas la Coalición de Mujeres del Ecuador y que tiene por objetivo reducir estas cifras alarmantes.
“Estas propuestas se convierten en insumos. Han incorporado aspectos de la Ley que nosotros propusimos pero que no pudimos presentar a la Asamblea porque no contábamos con las 30.000 firmas que nos solicitaron”, señaló Lissy Ernest de la Coalisión de Mujeres.
La Asamblea Nacional creará una comisión ocasional para tratar el tema de violencia de género. La Ley además contempla la creación de un Comité Intersectorial que involucre a las distintas entidades públicas, así como un Observatorio Nacional para levantar estadísticas confiables sobre esta temática que permitan que la lucha no se quede en el discurso sino que de los primeros resultados.
“Lo que nosotros queríamos hacer es cambiar el tipo penal de femicidio a feminicidio para que quede claro la responsabilidad del Estado en estos sucesos. Además de otras modificaciones que tendrían que ir en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), si es que sale la ley”, señaló Ernest.
En el Ecuador, el femicidio fue tipificado en el COIP desde agosto de 2014. El Artículo 141 estipula como femicidio cuando una persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.
Uno de los nuevos enfoques que se busca es la prevención, el sistema de protección de derechos y la reparación a las víctimas porque, según los colectivos, al momento existe una desprotección de las mujeres y un proceso que cada vez está más complicado por el número de mujeres asesinadas.
La ministra de Justicia, Rosana Alvarado dijo este marte en la Radio Pública que si bien el COIP sanciona al asesino con presión de 22 a 26 años no existe un sistema que demás de sancionar ayude a los familiares de las víctimas, lo que se creará con esta nueva Ley que llega a la Asamblea.
“Es fundamental hablar de un sistema de protección, un sistema que identifica los diferentes tipos de violencia y establece un sistema donde están diferentes instituciones del estado para ayudar a las familias”, señaló Alvarado.
En este sentido dijo que la violencia contra las mujeres está presente en todo lado, pus existe violencia patrimonial, violencia económica, violencia simbólica que enfrentan todos los días las mujeres en su ámbito familiar y social. “En la Ley se establecen medidas de prevención, inclusive una malla curricular que te permita modificar esos patrones preconcebidos donde las mujeres tenemos las de perder”, aseguró.
La erradicación de la violencia contra la mujer es uno de los ejes de trabajo del gobierno del presidente Moreno quien llamó a una Cruzada Nacional para que todas las instituciones del estado y civiles que trabajen en este tema trabajen juntas. La consigna es conseguir que los hombres miren que las mujeres tienen los mismos derechos, que pueden elegir con quien estar y que también pueden decidir ser dueñas de su vida.
“Quien pierde la dignidad el momento en que se viola o asesina a una mujer, no es la mujer sino la sociedad entera y en forma particular los hombres. Vamos a rescatar la dignidad de los hombres pidiendo que se invierta el tema para obtener un mejor resultado”, dijo Moreno.
La Ley construye un sistema de protección
El femicidio es un mal que no solamente afecta a las víctimas, sino a toda su familia y al entorno social. Después de un asesinato los huérfanos son proclives a sufrir daños sicológicos que en ocasiones son irreparables, es por ello que se busca una reparación económica y social para ellos y atención permanente para superar su pérdida.
Pilar Rassa, del movimiento de Mujeres Sur Kuna, dice que solo este año han atendido 50 casos de violencia de género. Esta fundación realiza un acompañamiento sicológico a las víctimas de violencia y sus familiares; y también acompaña en los litigios de algunos casos de femicidio, al momento están litigando 3 casos.
Sur Kuna también ha participado en el proceso de trabajo para el proyecto de Ley que lo único que pretende es erradicar la violencia contra las mujeres. “Nosotros creemos que es necesario y urgente que a más de las leyes haya políticas públicas para la prevención, sanción, atención de las víctimas de violencia”, señaló Rassa.
Ella considera que la violencia tanto sicológica como física está presente en la sociedad ecuatoriana sin control y es un problema que se debe trabajar desde el sistema educativo, desde lo laboral, desde lo social y es necesario que el estado tome medidas para evitar la violencia de las mujeres.
“Las mujeres seguimos siendo re-victimizadas en el sistema judicial, porque este no da una respuesta a las mujeres pero nosotros desde nuestro trabajo lo vemos a diario, mujeres que no denuncian porque no ven salida o una posibilidad de que se les haga justicia. Frente a esto muchas prefieren no denunciar o si denuncian lo dejan ahí porque tienen miedo a un sistema que no les da respuestas”, aseguró Rassa.
La presentación de la Ley la hará el presidente Moreno, a las 11:00, en la Asamblea Nacional en presencia de las autoridades del Ministerio de Justicia, Consejo de la Judicatura y organizaciones de mujeres que han esperado por varios años para tener una ley que las ampare.
Fuente: Andes
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