El exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga, dice ser víctima de una persecución por casos de derechos humanos investigados hace unos años, y rechaza haber obstaculizado la investigación del caso Odebrecht en su país o tener relación ilícita con el ex ministro Carlos Pareja Yannuzzelli.
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En una entrevista con EFE en su oficina en el centro de Quito, Chiriboga hizo un repaso a los que calificó como «difíciles días» que ha vivido estos últimos meses, y en particular desde su retención el pasado día 14 en el aeropuerto de Quito para que prestase declaración en relación con un caso de corrupción en Petroecuador.
«El procedimiento policial fue inadecuado porque el oficial que estaba a cargo observó que no tenía un proceso migratorio, no estaba en el counter (sic) de la aerolínea chequeándome, iba sin maletas, sin pasaportes», comenta sobre el día en el que agentes de Policía lo interceptaron en el aeropuerto, alegándose una posible huida.
Chiriboga, que fue fiscal general entre 2011 y mayo de 2017, explica que es cierto que tenía billetes de avión para unas vacaciones familiares, pero había cancelado el suyo y el de su mujer el día anterior tras conocer la llegada al país del ex ministro de Hidrocarburo, Pareja Yannuzzelli (alias CAPAYA), prófugo en EE.UU.
Fueron los testimonios de éste -según los medios locales- los que alentaron la citación de Chiriboga, al acusarle de haberle dado la pista que permitió su fuga, en septiembre de 2016.
«(Me preguntaron por) un tema relacionado a CAPAYA que está ahora en indagación previa y por lo tanto no podría yo revelar lo que he dicho ahí», se justifica.
En cualquier caso, el ex fiscal, de 67 años, insiste en que nada de lo que se le ha atribuido es cierto y que esa alegación fue aclarada en una versión anterior que ya ofrecido en ese mismo caso, en el que la compañía de teléfonos certificó que no hubo llamadas entre ambos los días relevantes.
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Armado de documentos y estadísticas, trata de demostrar que fue precisamente su gestión la que desentrañó las corruptelas en la empresa pública Petroecuador.
«A consecuencia de esa investigación tenemos, hasta la fecha que yo fui fiscal, 52 casos; 40 de los cuales eran con informes de la Contraloría por indicio de responsabilidad penal, y tres casos que ya están con sentencia», aduce.
Su gestión, sin embargo, sigue rodeada de polémica hasta el día de hoy, y de acusaciones en los medios acerca de que dilató las investigaciones en el caso Odebrecht y persiguió a los cuerpos policiales en detrimento de investigaciones de casos de corrupción en el Gobierno de Rafael Corrrea, del que él mismo fue parte en 2007.
«¿Qué es lo que veo yo desde el punto de vista comunicacional? (Que) Chiriboga no hizo nada en cuanto a los casos de Petroecuador; (pero) las evidencias dicen lo contrario. (Que) Chiriboga no hizo nada en los casos de Odebrecht…», se queja de los medios de comunicación mientras explica, documentos en manos, los procedimientos iniciados desde finales de diciembre.
Y apela al concepto de «postverdad» (calificar como «inciertos hechos objetivos») para explicar la estrategia de quiénes quieren perjudicarlo.
«Me parece que hay una cuestión más política», responde al ser preguntado por la identidad de esos interesados, los que supuestamente están detrás de esa «campaña contra el ex fiscal general que no hizo nada en el caso Odebrecht», según sus propias palabras.
La «verdad» sobre su trabajo en ese caso -cree él- está en informes entregados a la Asamblea Nacional, y en el acuerdo de cooperación eficaz que dejó listo para que firmara su sucesor, Carlos Baca Mancheno.
«Hoy es ese convenio de cooperación eficaz es el que está dando los resultados que el país conoce», asegura.
Y sin mencionarlos explícitamente, atribuye la persecución a los más perjudicados por uno de los «ejes» de su gestión como ex fiscal: la apertura de viejos casos de asesinato por fuerzas de seguridad, en lo que él considera una obligada defensa de los derechos humanos.
Así explica su mediatizada retención en el aeropuerto, «un operativo -dice- que lo organizó la policía» sin orden de la Fiscalía.
«¡No había razón, no había razón de hacer el operativo!», denuncia.
Sobre su estrecha relación con Correa, que para muchos ha representado un posible conflicto de intereses, matiza que, mas allá de que el cargo de fiscal general sea de concurso -y no por nombramiento del Ejecutivo como EE.UU.-, estaba basada en el respeto mutuo y en la no interferencia.
«Mi relación con Correa fue siempre de respeto mutuo, de independencia de las tareas que él realizaba y de las que yo realizaba», sentencia quien llegó a ser su ministro de Minas y Petróleos de 2007 a 2008, y su embajador en España desde 2009 hasta su nombramiento como fiscal general en 2011.
Con información de EFE
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