El expresidente Rafael Correa cuestionó en un artículo de opinión el informe emitido por la Contraloría General, según el cual, el Estado adeuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) un total de 2.527 millones de dólares, con corte al 30 de septiembre de 2016.
PUBLICIDAD
“Los mismos que siempre han intentado que el Gobierno no tenga ninguna injerencia en el IESS, considerando al Instituto poco menos que una cooperativa de ahorro y crédito privada, son los que ‘exigen’ que el Estado central pague todo. Los mismos que demandan ‘institucionalizar’ al país, aplauden estas aberraciones (…) Hoy, muchos sectores del viejo país celebran esta nueva ‘conquista’, como la llaman arcaicas organizaciones laborales.”, señaló el exmandatario en el artículo publicado en El Telégrafo bajo el titular ‘Rezagos del viejo país’.
El expresidente lamentó que exista “regocijo” de cierta prensa opositora y de las cámaras de la producción, sin embargo, recordó que el Estado no solo es el gobierno central. “¿Se entenderá que la multimillonaria deuda al IESS, es una ‘deuda’ que tendremos que pagarla todos?”, se cuestionó según Andes.com.
Y recordó que la “supuesta nueva deuda del Estado central con el IESS” se genera por el pago de las atenciones de salud de los jubilados y de enfermedades catastróficas, de acuerdo con la Ley de Seguridad Social del 30 de noviembre de 2001, “que tenía como objetivo privatizar la seguridad social”. Esa Ley, dijo, fue aprobada por la llamada ‘aplanadora’, es decir, la mayoría legislativa conformada por socialcristianos y democratacristianos.
Indicó que, en esa época, la privatización era permitida por la Constitución de 1998, hecha también por estos partidos políticos, que en el art. 58, en su parte pertinente, decía que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “podrá crear y promover la formación de instituciones administradoras de recursos para fortalecer el sistema previsional y mejorar la atención de la salud de los afiliados y sus familias”.
Explicó que ese artículo buscaba eludir el amplio rechazo popular expresado a la pregunta 2 de la consulta popular del 26 de noviembre de 1995, impulsada por el Gobierno de Sixto Durán-Ballén, que proponía que toda persona tuviera “el derecho a escoger libre y voluntariamente que tanto el régimen de seguridad social, como sus prestaciones y servicios estén a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de otra institución pública o privada”, y que el sistema de seguridad social se funde en los “principios de solidaridad y libre competencia”.
“Así, con la Constitución redactada por la partidocracia en un cuartel militar, se burlaron de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Aquello era la ‘democracia’ y el ‘Estado de derecho’ que se vivía en ese entonces, mientras la prensa callaba tamaños despropósitos”, remarcó.
También rememoró que para el sistema previsional, la Ley de 2001 planteaba un régimen mixto: uno de jubilación por solidaridad intergeneracional y otro de jubilación por ahorro individual obligatorio (art. 173). Este último sería entregado para su gestión a “las empresas administradoras del ahorro previsional” (art. 208), explicó al señalar que este era un modelo chileno creado por el exdictador Augusto Pinochet y que más tarde fue declarado inconstitucional.
PUBLICIDAD
Pero la ley también planteaba un régimen mixto para la atención de salud, el cual oportunistamente se dejó intacto. De esta forma, el IESS debió crear el Fondo Presupuestario de Prestaciones de Salud (art. 50); financiado con la aportación de trabajadores, empleadores y la contribución financiera obligatoria del Estado (art. 111); y manejado por una administradora independiente, que recibiría como pago hasta el 4% de los ingresos del Fondo (art. 120).
El Fondo Presupuestario de Prestaciones de Salud pagaría las atenciones de salud en la institución elegida por el afiliado, siendo las unidades médicas del IESS un proveedor más que debía competir con el sector privado (art. 116). “Como el costo de atención de salud de los jubilados podía hacer quebrar al Fondo y dañar los negocios, obligaron a que ellos solo se atiendan en las unidades del IESS y, lo más absurdo, que todo sea pagado por el Estado”, apuntó.
El exjefe de Estado explicó que, según disponía la Ley, la atención de salud de los afiliados ‘normales’ debía ser pagada por el Fondo Presupuestario de Prestaciones de Salud que incluye “la contribución financiera obligatoria del Estado” (art. 116); la atención de los jubilados debía ser pagada directamente por “la contribución financiera obligatoria del Estado” (art. 10, letra ‘d’); y las enfermedades catastróficas debían ser pagadas por un fondo especial que también incluye “la contribución financiera obligatoria del Estado” (art. 103, letra ‘f’).
Calificó esta normativa como un “galimatías” que aún sigue vigente y que, pese e ello, el IESS no constituyó ninguno de los fondos, como era su responsabilidad (art. 50). “Además, la archifamosa “contribución financiera obligatoria del Estado” debía sujetarse a lo dispuesto en el reglamento de la ley (art. 111). Ese reglamento nunca existió, porque siempre se cuestionó la constitucionalidad de este cuerpo legal”, puntualizó.
Dijo que lo actualmente establecido como deuda 2.527 millones de dólares, de los cuales 1.779 millones corresponderían al Estado central, un cantidad mucho más de lo recaudado “con tanto sacrificio” por la Ley de Solidaridad para la reconstrucción posterremoto en Manabí y Esmeraldas.
“De aceptarse estas ‘deudas’, se tendría que pagar por año al IESS aproximadamente 465 millones de dólares, más del triple de lo que el Estado central invierte anualmente en centros de desarrollo infantil”, sostuvo Correa.
Y recordó que al hablar de Estado no solo se está hablando del Estado central, sino también del propio IESS, de las demás funciones del Estado, de los GAD, las empresas públicas, la banca pública, las universidades públicas, etc.
RELACIONADO:
