El fiscal general de Ecuador, Carlos Baca Mancheno, que hoy, 9 de junio,retornó de Brasil, de dónde dijo trajo nueva e importante evidencia, aseguró además que el caso Odebrecht no sería el único de empresas privadas involucradas con funcionarios públicos en hechos de corrupción.
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La Fiscalía, tras varios meses de trabajo, «suscribió un acuerdo macro de cooperación con la empresa Odebrecht y con los ejecutivos y exejecutivos de la empresa», que facilitará las investigaciones y que se circunscribe, exclusivamente, en «materia penal», afirmó.
Por este convenio, la Fiscalía ecuatoriana podrá acceder a «todas las evidencias» que permitan «llevar ante la justicia a las personas que intervinieron en esta trama de corrupción trasnacional», remarcó Baca Mancheno y precisó que dicho pacto no concede inmunidad a ninguna persona involucrada, incluidos los directivos de la firma.
Por el contrario, añadió, el acuerdo «somete a los operadores a prestar su colaboración en todas las fases procesales de los expedientes que estén, en este momento en curso o los que se abran en el futuro».
«Iremos detrás de todas las personas que cometieron actos de corrupción e iremos a todos los lugares que sean necesarios para traer a los responsables ante la justicia», remarcó.
El fiscal general ecuatoriano, que estuvo en Brasil esta semana para impulsar las pesquisas en el caso Odebrecht, informó también que ha recabado «nuevas y fundamentales evidencias», en vídeo, audio y documentación, de las que podrían surgir nuevos involucrados.
«Vamos a someter a toda esta información a un proceso de verificación y corroboración», apuntó.
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Por otra parte, Baca Mancheno aseguró que la investigación «no sólo tiene que ver con Odebrecht», que «no sería la única empresa involucrada en una trama de corrupción entre empresarios privados y funcionarios públicos».
Y si bien no dio más detalles sobre su afirmación, remarcó que «para poder llegar al fondo de las investigaciones», así como «desarticular y sancionar estos mecanismos de corrupción», la ciudadanía, los medios de comunicación y los actores políticos del país deberían actuar «con responsabilidad y con madurez».
El fiscal aseguró que el actual es un «momento clave y determinante» para el éxito de las investigaciones», por lo que insistió en la necesidad de prudencia.
De su lado, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) espera que Baca Mancheno acuda cuanto antes a sus dependencias para que explique de cerca las investigaciones que ha adelantado en Brasil.
En su afán de esclarecer el escándalo Odebrecht, el Legislativo también conformó una delegación de asambleístas para que se trasladen a Estados Unidos y Brasil, con el fin de recabar información sobre el caso.
El Legislativo, antes de interferir con las indagaciones fiscales, pretende contribuir a ellas con la información que, por su lado, pueda obtener.
El Parlamento ecuatoriano está empeñado en exigir una «reparación integral de los daños y perjuicios causados al Estado ecuatoriano por parte de la empresa Odebrecht» y luego proceder a su expulsión.
En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de que Odebrecht había pagado unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y Africa, incluido Ecuador.
El informe del Departamento de Justicia indicó que en ese país, entre 2007 y 2016, la constructora pagó sobornos por valor de más de 35,5 millones de dólares a «funcionarios del Gobierno», lo que supuestamente le generó unos beneficios por más de 116 millones de dólares.
EFE
