Alrededor de 3.000 presos se beneficiarán en Ecuador del indulto que el expresidente Rafael Correa emitió poco antes de dejar el poder en mayo pasado, informó hoy el diario Expreso.
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El rotativo apuntó que el indulto que Correa firmó un día antes de dejar el poder permitirá que unos 3.000 privados de libertad salgan del sistema penitenciario.
La secretaria Técnica de Drogas y exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, explicó al diario que esa cifra corresponde, principalmente, a las denominadas «mulas» de narcotráfico o a quienes sufren de enfermedades catastróficas en etapa terminal. Ellos reciben rebaja total de penas.
También estarán en ese grupo, aunque en menor número, las personas sentenciadas con hasta cinco años de cárcel, que cumplieron un 30 % de la pena. Ellos se benefician de una rebaja parcial (365 días), apuntó.
Actualmente, según los datos de Zúñiga, el sistema penitenciario tiene unos 30.000 privados de la libertad. De ellos alrededor de 4.000 están detenidos por delitos relacionados con el microtráfico, precisó.
La determinación de la cifra final de beneficiados con el indulto está a cargo del Ministerio de Justicia, detalló el rotativo.
La Defensoría Pública también trabaja en el tema. Después de la firma del decreto, la institución inició una campaña en las cárceles para socializar la medida en los casos que patrocinan sus defensores.
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El objetivo es identificar a quienes se beneficiarán, tramitar su libertad y evitar que sean víctimas de engaños, indicó al diario el defensor Público, Ernesto Pazmiño, que señaló que la tarea se impulsa hasta que la cartera de Justicia emita un instructivo de aplicación del decreto de indulto.
Dependerá de «cómo se interpreta el decreto de indulto para proyectar el número de beneficiarios», añadió.
Hasta tanto, la Secretaría Técnica de Drogas también se prepara para colaborar con las personas que sean liberadas con el indulto. Zúñiga anunció que esa dependencia hará un seguimiento a las personas que sean indultadas.
Ofreció apoyo para que no existan casos de reincidencia o que vuelvan a ser presa de las bandas relacionadas con drogas. Hay coordinación con la Defensoría y con Justicia para buscar los mecanismos más adecuados, dijo.
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