El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador admitió a trámite el pedido de juicio político contra el contralor general del Estado, Carlos Pólit.
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El proceso político forma parte de una serie de acciones definidas por el pleno de la Asamblea Nacional para dar seguimiento al caso Odebrecht, cuya investigación está a cargo de la Fiscalía.
La decisión del CAL allana el camino para que Pólit sea procesado en el Parlamento por su supuesta vinculación con la trama de sobornos de la constructora brasileña a altos funcionarios de Ecuador, caso que también salpica a otros países de América Latina y África.
Pólit se encuentra fuera del país, según su abogado, quien ha defendido su inocencia por el supuesto delito de concusión o prestaciones en provecho propio.
Además del juicio a Pólit, el pleno de la Asamblea ecuatoriana decidió aplicar la «muerte civil», que impide ocupar cargos públicos a personas condenadas por corrupción, a aquellas personas que sean condenadas por este delito.
El Legislativo decidió también conformar una delegación con representantes de los distintos grupos parlamentarios, incluidos de la oposición, que se trasladará a Estados Unidos y Brasil para recabar información sobre la presunta trama de corrupción.
Asimismo, convocó de manera inmediata al fiscal general del Estado, Carlos Baca, que ha viajado a Brasil nuevamente, para que comparezca ante la Comisión legislativa de Fiscalización, y explique sobre el avance de las investigaciones.
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El Parlamento exigió la «reparación integral de los daños y perjuicios causados al Estado ecuatoriano por parte de la empresa Odebrecht» y luego proceder a su expulsión.
En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de que Odebrecht había pagado unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y Africa, incluido Ecuador.
El informe del Departamento de Justicia indicó que en ese país, entre 2007 y 2016, la constructora pagó sobornos por valor de más de 35,5 millones de dólares a «funcionarios del Gobierno», lo que supuestamente le generó unos beneficios por más de 116 millones de dólares.
Fuente: EFE
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