El presidente Rafael Correa deja después de diez años de Gobierno un país que considera más democrático, más justo y en la senda de la recuperación económica, un panorama que no ven tan claro sus opositores, que opinan, además, que deja una sociedad dividida.
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La llegada de Correa al poder en 2007 marcó el fin de una década de inestabilidad política, en la que hubo hasta siete presidentes y problemas económicos que afectaron, principalmente, a los sectores más vulnerables.
Tres años habían transcurrido desde que Correa asumió el cargo, cuando reapareció el fantasma de la inestabilidad política.
El 30 de septiembre de 2010, arropado por un alto apoyo popular y revestido del fuerte temperamento que lo caracteriza, Correa frenó una protesta policial por reivindicaciones salariales, que derivó en una importante revuelta, que el Ejecutivo interpretó como un intento de golpe de Estado.
A diferencia de sus antecesores, de esa coyuntura salió más fortalecido y más convencido de que debía mantener firmeza. Y el respaldo del pueblo se tradujo en el apoyo en cuanta convocatoria a las urnas hizo: logró la reelección, la mayoría en la Asamblea y el respaldo en diferentes consultas populares.
Aunque críticos y opositores le reclaman lo que consideran concentración de poderes y la injerencia del Ejecutivo en otras instancias estatales, Correa defiende que en el país prima la independencia de poderes.
Abanderando el llamado Socialismo del siglo XXI, Correa llegó al cargo con la promesa de anteponer al ser humano sobre el capital.
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Renegoció, por ejemplo, los contratos con las petroleras extranjeras para que el mayor beneficio de la extracción de crudo se quede en Ecuador, entre otras acciones que estremecieron a grupos políticos y económicos tradicionales, que él encuadra en lo que llama «la partidocracia».
Ello tampoco agradó a ciertos sectores externos, algo que no quitó el sueño al Correa, cuyo Gobierno terminará el próximo miércoles -para el comienzo del mandato de Lenín Moreno, ganador en las elecciones de abril pasado- con la denuncia de varios Tratados Bilaterales de Inversión y advertencias a los embajadores extranjeros por «criticar las decisiones soberanas» de la nación.
De principio a fin de su mandato, y con la preocupación latente de ciertos sectores privados poco acostumbrados a rupturas tan tajantes hacia el exterior, Correa no ha cesado de repetir a la población un fuerte mensaje sobre el rescate de la soberanía.
También ha sido constante en su confrontación con lo que llama «prensa corrupta», en rechazar la concentración de capitales en los que tilda de «pelucones» (adinerados) y en apoyar a sectores vulnerables con mejoras en educación y salud, entre otros.
La planificación, el alto precio del petróleo a inicios de su Gobierno y una mayor recaudación tributaria le permitieron apalancar sus programas sociales y sacar a dos millones de personas de la pobreza, según los cálculos del oficialismo, que ha resumido la gestión en dos palabras: «Década ganada».
Sus críticos, no obstante, la llaman la «década gastada» y le reprochan no haber ahorrado en épocas de bonanza y haberse endeudado en el exterior para afrontar el golpe que sufrió la economía por la bajada del precio del petróleo y de las exportaciones, por la apreciación del dólar, y por los efectos de un terremoto de 2016.
Pero Correa asegura que el ahorro no solo se manifiesta en depósitos sino en inversiones en infraestructura y en ello tiene un amplio catálogo para exhibir: carreteras, hidroeléctricas, puentes, y en lo intangible materialmente menciona poner en orden las instituciones, entre otros.
En su administración, Correa no ha dejado sector sin intervenir, su temperamento y fuerte presencia mediática ha puesto a la política en primera plana, incluso, en reuniones de familias, donde la polarización de criterios ha llevado a más de una confrontación, un espejo de lo que ha ocurrido en varios ámbitos de la sociedad.
Correa, al que la oposición tilda de autoritario, niega que el país esté más dividido que nunca, como dicen sus detractores.
Reconoce que su iracundia ha provocado rechazos y confía en que su sucesor, más sosegado que él, mantenga y mejore la llamada Revolución Ciudadana, que deja un país estable y democrático, según el Gobierno; dividido y con dificultades económicas, según la oposición.
Fuente: EFE
