La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. Este martes, 30 de agosto, se conmemora el dia internacional de Victimas de desapariciones forzadas.
PUBLICIDAD
De acuerdo con los datos de Amnistía Internacional los diez países con mayor número de desaparecidos registrados desde 1980 son Irak (16.560), Sri Lanka (12.349), Argentina (3.446), Algeria (3.168), Guatemala (3.154), Perú (3.006), El Salvador (2.673), Colombia (1.260), Chile (907) y Filipinas (786).
En otros países como Camerún, Sri Lanka, Turquía, Bosnia Herzegovina o Serbia, Amnistía Internacional también ha documentado desapariciones forzadas en los últimos años. El último informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas señala que el grupo ha recogido desde su creación, en 1980, un total de 55.273 casos, de los que 44.159 siguen abiertos.
En Ecuador de acuerdo las cifras de la Fiscalía General hasta diciembre de 2015 había un total de 1718 personas desaparecidas que se mantienen en investigación.
Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.
Es motivo de especial preocupación: el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada; el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.
Debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad.
PUBLICIDAD
Desaparecen sin dejar rastro y, en la mayor parte de los casos, nunca se vuelve a saber de ellas. Son las víctimas de desapariciones forzadas, detenidas por agentes del Estado o personas que actúan en su nombre y se niegan a reconocerlo.
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se celebra este martes 30 de agosto, Amnistía Internacional denuncia que los gobiernos continúan usando esta práctica atroz para acallar la disidencia y eliminar cualquier oposición política, así como para perseguir a grupos étnicos, religiosos y políticos.
Según los últimos datos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, desde 1980 siguen abiertos 44.159 casos en 91 estados. Sólo entre el 16 de mayo de 2015 y el 18 de mayo de 2016, se registraron 766 nuevos casos en 37 países.
«En este día, millones de simpatizantes de nuestra organización en todo el mundo presionarán a los gobiernos que recurren a las desapariciones forzadas para que dejen de usar esta táctica cruel de una vez por todas”, afirma Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
El modus operandi de las desapariciones forzadas es siempre el mismo: las víctimas son detenidas en su casa o en la calle, sin que nunca se les comunique a las familias su paradero. A menudo, estas personas sufren tortura y viven con el temor constante a que las maten. Esta práctica sitúa a la persona detenida fuera de la protección de la ley y la aísla del mundo exterior, poniéndola en una situación en la que corre un elevado riesgo de tortura o incluso de ejecución extrajudicial.
España, caso especial
En España, según Amnistía Internacional, «se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación» a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el régimen franquista (1939-1975). «Las autoridades españolas siguen sin prestar asistencia adecuada al poder judicial argentino, que ejerce la jurisdicción universal para investigar crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo», denuncia la ONG. De los más de 114.000 crímenes de derecho internacional denunciados ante la Justicia, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.
En los últimos dos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España «ni investiga ni deja investigar» y le han instado a cumplir con sus obligaciones internacionales y a colaborar con otras jurisdicciones que pretendan iniciar investigaciones.
En este sentido, la jueza argentina María Servini tiene previsto viajar a España el próximo mes de octubre para tomar declaración a 19 personas acusadas por crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (entre otros, desapariciones forzadas).
