De acuerdo con la información que publicó ayer el diario La Estrella de Panamá, a petición del fiscal Robert Capers del Distrito de Nueva York, el juez Raymond Dearie, del mismo lugar, levantó el velo de confidencialidad que guardaba el expediente de Odebrecht.
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La información relacionada al caso Odebrecht es de conocimiento público, incluyendo las declaraciones de culpabilidad de los ejecutivos de la constructora, según recoge el referido medio:
Desde el 3 de enero del presente año, toda la información relacionada al caso es de conocimiento público. Esto incluye las declaraciones de culpabilidad de los ejecutivos de la constructora con nombres y montos de quienes fueron sobornados, las pruebas que arrojen estas delaciones, los detalles operacionales que se hicieron con los bancos y los informes de la oficina de cumplimiento
Eso señala Estrella de Panamá, medio que sostiene que esta información aparece en el expediente del caso Odebrecht que lleva el distrito este, Nueva York, y que afirma tuvo acceso.
Según EFE, a Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela se les investiga la actuación del grupo Odebrecht, sobre todo en la presunta financiación ilegal de campañas electorales y supuestos pagos de sobornos para obtener contratos de obras públicas u operaciones financieras irregulares.
Todos esos países han solicitado información a las autoridades brasileñas, que desde hace más de dos años iniciaron la llamada operación «Lava Jato», que empezó con un asunto de blanqueo de dinero y destapó el mayor escándalo de corrupción de la historia de ese país.
La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la constructora había admitido que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.
Los pagos se refirieron a «más de 100 proyectos» realizados entre 2001 y 2014 y que, en la gran mayoría de los casos, correspondían a obra pública.
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Sobre Ecuador aseguran que entre 2007 y 2016 la constructora hizo supuestos pagos corruptos por valor de más de 35,5 millones de dólares supuestamente a «funcionarios del Gobierno», lo que presuntamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
