La organización de la sociedad civil de Ecuador Participación Ciudadana considera que es conveniente una reforma de la ley electoral de tipo técnico, no político, y que son necesarios numerosos cambios para mejorar la regulación del sistema de comicios en ese país.
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Con cerca de quince años de experiencia en trabajo político-electoral, la entidad estima que «todavía hacen falta muchas cosas para fortalecer el sistema electoral» y cree que la reforma legislativa que defiende en esa materia «debe ser resultado de un proceso técnico, no de un proceso político», dijo su directora, Ruth Hidalgo, en una entrevista con EFE.
Ecuador celebrará elecciones presidenciales y legislativas el 19 de febrero para elegir al sucesor del gobernante, Rafael Correa, a los 137 parlamentarios y a cinco parlamentarios andinos.
Los votantes se pronunciarán también acerca de una consulta popular promovida por el Gobierno, que busca prohibir a los cargos de elección popular la posesión de bienes en paraísos fiscales.
Participación Ciudadana efectuará ese día un recuento rápido en el que espera conseguir una estimación de resultados con un margen de error del 1 %.
La directora de la entidad defiende una reforma del Código de la Democracia (ley electoral) «pero con iniciativas que provengan de un sentimiento de patria» y no dejen espacio a «un sistema electoral a la carta».
«En los últimos años hemos visto que la metodología de asignación de escaños se ha cambiado varias veces a la luz de la conveniencia de los movimientos y partidos políticos que estaban en ese momento en el poder. Nosotros creemos que eso no pude pasar», dijo.
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Otro aspecto que se debe mejorar, en su opinión, es el control de la publicidad oficial, porque existe ambigüedad «en términos de control de publicidad oficial y proselitismo político en tiempo de elecciones».
Según Hidalgo, la actual ley supuestamente permite un sistema que promueve «el proselitismo político con uso de recursos públicos, lo cual está prohibido, y además, en tiempo electoral no ayuda a promover la equidad electoral, sino todo lo contrario», indicó.
La organización no gubernamental sostiene que, en su labor de monitoreo electoral ha detectado que «la pauta publicitaria del Estado en tiempo electoral sobrepasa el numero de minutos y ‘spots’ que los candidatos tienen para promocionar sus propuestas».
«Por lo tanto termina siendo el mayor pautante en este tiempo el Estado, con lo cual no existe esta veda electoral que debería haber y de la que la ley habla», sostuvo.
Hidalgo también apuntó la necesidad de que los funcionarios que deseen ser candidatos renuncien a su cargo antes de hacer campaña electoral, algo que cumplen algunos políticos, pero que «debería ser obligación para todos», subrayó.
«El candidato funcionario tiene, por sus propias funciones, posibilidad de tener mayor exposición pública. Además tiene bienes del Estado que no deben ser usados» en actividades electorales, señaló, y añadió que para evitar discriminaciones sobre quién debe renunciar y quién no, «la norma debería ser muy firme al respecto».
Hidalgo defiende la independencia de la organización que dirige, a la que define como de carácter no gubernamental y «apartidista» y asegura que no existe «un ápice de injerencia» en sus actividades por parte de quienes contribuyen a la financiación de la entidad o la respaldan con ayuda en especie.
Entre ellos, la Embajada de Canadá y la Fundación Panamericana de Desarrollo (PADF, por su sigla en inglés), que depende de la Organiación de Estados Americanos (OEA).
Además, la Cámara de Comercio de Quito, la Universidad de las Américas (UDLA) y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), colaboran o han colaborado en su sostenimiento con fondos o recursos humanos y materiales.
Sobre las críticas que ha recibido Participación Ciudadana acerca de su financiación y funcionamiento, su responsable explicó que los fondos que percibe y todas sus actividades son legales y sujetas a concursos públicos internacionales cuyos términos de referencia son igualmente públicos.
