El presidente ruso, Vladímir Putin, desoyó hoy a los críticos y promulgó una ley que despenaliza la violencia doméstica, siempre que el agresor no sea reincidente, proyecto que ha sido muy criticado por los activistas de derechos humanos.
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Según la nueva ley, las agresiones que causen dolor físico, pero no lesiones, y dejen moratones, arañazos o heridas superficiales a la víctima no serán consideradas un delito, sino falta administrativa.
Sólo cuando el agresor vuelva a golpear al mismo familiar en el plazo de un año podrá ser procesado por la vía penal y castigado con la cárcel, siempre y cuando el agredido logre demostrar los hechos, porque la Justicia no actuará de oficio en estos casos.
La ley contempla una multa mínima de 30.000 rublos (500 dólares), el arresto administrativo por un plazo de quince días y tres meses de servicios sociales, cuando antes el agresor podía ser condenado hasta a dos años de prisión.
No obstante, de acuerdo con los expertos en violencia de género, el 90 por ciento de los denunciantes en Rusia no acuden a los juzgados porque el procedimiento es muy engorroso y raramente llega a buen puerto.
Los autores de la iniciativa -dos diputadas y dos senadoras de Rusia Unida, el partido del Kremlin- argumentan que tan sólo quieren despenalizar las palizas que no ocasionen daño a la salud de las víctimas.
Una de ellas, Olga Batalina, considera suficiente un castigo administrativo cuando el agresor no tiene intención de «infringir daño» a la víctima.
«La descarada injerencia en la familia» por parte de la Justicia «es intolerable», dijo Putin a finales de 2016 en su rueda de prensa anual al responder a una activista que le preguntó sobre la conveniencia de acabar con una ley que permite «encarcelar a un padre por unos cachetes en el culo que el niño se ha merecido».
