La Contraloría General del Estado, tras disposición de Carlos Pólit, determinó el inicio de exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas, presentadas por servidores del Municipio de Quito, desde el año 2009.
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Las órdenes de trabajo fueron emitidas el pasado 12 de enero del 2017.
Según la institución estas acciones de control tienen como objetivos determinar que las declaraciones de bienes de los funcionarios municipales cumplan disposiciones legales vigentes asociadas con la presentación de las declaraciones patrimoniales juradas.
Además, verificar que las variaciones producidas en el patrimonio y los correlativos activos y pasivos, concuerden con los ingresos legítamente obtenidos.
El análisis del patrimonio comprende a los funcionarios de la anterior y actual administración del cabildo capitalino e incluye a concejales, funcionarios de nivel jerárquico superior de todas las secretarías, direcciones, administraciones zonales y de las 8 empresas públicas del Municipio, entre ellas, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.
En total suman 96 funcionarios. Por la magnitud de los análisis, serán tres las unidades administrativas de control, a cargo de los exámenes especiales, además de la Unidad de Auditoría Interna del Municipio de Quito.
