Una salida inmediata de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), amnistía para los manifestantes violentos detenidos en protestas y una «ley bisturí» para acabar con el cáncer de la corrupción, integraron ayer, 3 de enero de 2017, la parrilla de ofertas de los candidatos presidenciales en Ecuador.
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En el primer día de campaña electoral, los ocho candidatos presidenciales inscritos para los comicios del próximo 19 de febrero lanzaron ayer sus primeras ofertas para intentar persuadir a los electores, sobre todo a los indecisos.
Con un periodo de 45 días de campaña, los candidatos empezaron a gastar zapatos en diversos recorridos, la mayoría de ellos por las ciudades más pobladas (Quito y Guayaquil), aunque no todos iniciaron con el mismo brío.
En Quito, la candidata socialcristiana Cynthia Viteri se reunió con gremios de artesanos a los que ofreció generar empleo y brindar a ese sector crédito oportuno y barato.
Su candidato a la Vicepresidencia, un economista de derechas, Mauricio Pozo, no dudó en afirmar que una de las primeras acciones que emprenderá si llega al poder es ordenar la salida del país del ALBA (Antigua y Barbudas, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Grenada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela), una organización de integración regional de tinte izquierdista fundada por los fallecidos presidentes de Cuba y Venezuela, Fidel Castro y Hugo Chávez.
Pozo, además, señaló que estudiará una «inserción adecuada» de su país en foros como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Enfatizó, además, en que buscará firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos, lo que supone una lógica completamente contraria a la aplicada en los últimos diez años durante la Administración del izquierdista Rafael Correa.
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Justamente el candidato oficialista Lenin Moreno, de Alianza País, inició su campaña en Quito, visitó un centro de ancianos y allí ofreció una pensión y seguridad social gratuita para los adultos mayores.
En Guayaquil (suroeste), el exbanquero Guillermo Lasso (centroderecha) inauguró una campaña electoral a la que llamó «El timbrazo» o recorridos «puerta a puerta» por los barrios.
Otro candidato presidencial, el socialdemócrata Paco Moncayo visitó la ciudad andina de Cayambe, donde señaló que promoverá un recurso de amnistía en favor de todas las personas detenidas en protestas y acusadas por el Ejecutivo de generar actos violentos.
Los grupos sociales, sobre todo indígenas, que se han opuesto al Gobierno de Correa, han acusado al Ejecutivo de «criminalizar la protesta social» y de ejercer el poder de espaldas al pueblo.
Otro de los candidatos presidenciales, Dalo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, se reunió en Guayaquil con pastores evangélicos a quienes llamó a seguir en la lucha y con fe encarar la campaña electoral.
Por su parte, Iván Espinel, candidato presidencial independiente, protagonizó una curiosa acción al colocar un simbólico sello de «clausura» en la empresa estatal petrolera Petroecuador, envuelta en un escándalo de corrupción.
Espinel propuso crear la «ley bisturí», con la que pretende extirpar la corrupción en el Estado, y dijo que planteará penas de 40 años de prisión en casos de malversación de fondos públicos.
También mencionó la «pena de muerte» para los violadores de menores de diez años, pero aclaró que sus propuestas las sometería a una consulta popular.
Fuente: EFE
