Los Testigos de Jehová no protegen «adecuadamente» a los menores del riesgo de ser víctimas de abusos sexuales en el seno de esta congregación cristiana en Australia, revela un informe oficial divulgado hoy.
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El informe de una comisión gubernamental australiana, que investiga la respuesta institucional a la pederastia, también señaló que esta organización de culto no «responde adecuadamente a las denuncias de abusos sexuales a menores».
El informe realizado por la comisión es el resultado de las audiencias realizadas en julio y agosto de 2015 en Sídney sobre los casos de dos víctimas de abusos sexuales cuando eran menores, así como los testimonios de testigos y expertos.
En el «Estudio del Caso 29: La Respuesta de los Testigos de Jehová», también se analizaron los sistemas, políticas y procedimientos de esta organización para prevenir, responder y denunciar los abusos sexuales a menores, así como las denuncias, informes o quejas de más de mil de sus miembros.
«De las evidencias presentadas, la comisión considera que la organización de los Testigos de Jehová se apoya en políticas y prácticas obsoletas para responder a las acusaciones de abusos sexuales que no están sujetas a una revisión constante y continua», se indica en un comunicado.
La comisión también considera que los Testigos de Jehová adolecen de «una falta grave de entendimiento sobre la naturaleza del abuso sexual de un menor».
La investigación determinó que los procedimientos para lidiar con las quejas no se han revisado desde la creación de esta comunidad a finales del siglo XIX y se apoyan en normas de hace casi 2.000 años.
En el seno de los Testigos de Jehová, los casos de abusos sexuales son investigados por dos ancianos, que deben establecer la verdad de acuerdo a los estándares bíblicos, que incluyen la confesión del supuesto agresor.
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«Si el acusado no confiesa, hay un requerimiento inflexible de que debe haber dos testigos oculares de un incidente de abuso sexual a un menor» para que la congregación considere probada la agresión sexual, se indica en el documento.
Además, hasta 1998 la denuncia debía formularse en presencia de éstos y del presunto agresor.
La comisión autora del informe investiga desde 2012 la respuesta de las instituciones a los abusos sexuales a menores que estaban bajo el cuidado de organizaciones públicas, sociales o religiosas y que ha llevado a comparecer como testigo al mismo cardenal George Pell, máximo representante de la Iglesia australiana y ministro de Finanzas del Vaticano.
A principios de mes, el Gobierno australiano anunció que indemnizará a las víctimas de estos abusos con hasta 150.000 dólares locales (115.200 dólares o 103.759 euros) como parte de un plan que el Gobierno federal implementará a partir de 2018.
