Diego Fuentes, ministro del Interior informó que “hemos presentandouna demanda penal por intento de asesinato. Esta acción con respecto a los responsables de la agresión a policías con armas de fuego en el intento de un grupo shuar de tomarse las instalaciones de la empresa minera china Explorcobres S.A. (ECSA).
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Las instalaciones de la concesionaria china están ubicadas en la parroquia Panantza, cantón San Juan Bosco, en la provincia de Morona Santiago.
Las declaraciones del ministro fueron emitidas durante el conversatorio del presidente Rafael Correa con los medios de comunicación en Guayaquil, realizado el 22 de noviembre, reseñó el ministerio del Interior.
Según la Policía Nacional, el ataque fue inesperado por parte del grupo indígena, que utilizó armas de fuego e hirió a 14 uniformados y un guardia de seguridad de la empresa.
Tres agentes del orden fueron llevados de emergencia al hospital de la Policía No. 2, en Guayaquil, por presentar heridas provocadas por perdigones. Uno de ellos se encuentra en estado crítico con pronóstico reservado.
El Primer Mandatario respondió las preguntas sobre este tema y aseveró que nada justifica que estas personas hayan disparado contra policías. “Un policía tiene un perdigón en el cerebro, eso es delito de asesinato, lleguemos a un consenso mínimo, hay que rechazar la violencia venga de donde venga”, dijo Correa.
El Presidente también contó que este grupo indígena no era conformado por habitantes de esa zona y que invadieron esos territorios hace siete años, sabiendo que en la zona iba a funcionar la empresa minera.
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“Hubo una socialización y fueron desalojados en agosto para que pueda funcionar esta empresa que es inversión extranjera. No perdamos la cordura, mantengamos un límite y rechacemos la violencia”, expresño Correa.
Por su parte, Diego Fuentes compartió los criterios del Presidente Correa y reafirmó que nada justifica este “acto criminal”, ya que no solo utilizaron las carabinas en contra de los uniformados, sino en contra de un helicóptero de la Policía Nacional.
“Hemos presentado una demanda penal para marcar un precedente y que todos los responsables sean sancionados con la Ley”, dijo el ministro.