La Policía española empezó hoy en Madrid el proceso de identificación y entrega de los paquetes enviados por ciudadanos ecuatorianos a su país a través de la empresa de envíos OGC, compañía que cerró su actividad de forma inesperada sin llevar a cabo los envíos.
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El pasado mes de octubre, la Embajada de Ecuador presentó una querella junto el despacho legal Abogados Sin Fronteras ante la Audiencia Nacional, tras la denuncia de cientos de personas por irregularidades en el envío de sus bienes, entre febrero y marzo de este año, por parte de la compañía de paquetería OGC.
«Tenemos unas 1.000 denuncias que pueden suponer unos 2.500 paquetes, si vamos a poder devolverlos todos dependerá de si todas las personas han puesto su correspondiente denuncia», afirmó en rueda de prensa Eloy López, inspector jefe de la Sección Judicial de la comisaría de policía de Arganzuela.
En este sentido, el embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano, subrayó que el principal objetivo es que «las familias recuperen sus bienes y dispongan de ellos como crean conveniente», y ha agradecido el «encomiable trabajo de la policía para identificar el lugar y ponerlo a buen resguardo».
«La dificultad principal es que no tenemos un relación específica hecha por la empresa de cada uno de los paquetes y relacionada con la persona correspondiente, ese es un trabajo que hemos tenido que hacer nosotros», señaló Eloy López.
Esta incautación forma parte de un operativo nacional realizado en distintas ciudades como Palma de Mallorca, donde ya se han entregado 79 paquetes.
«Esto es una fase, hay que saber que también se están entregando paquetes en Guayaquil (Ecuador) y en Palma de Mallorca con éxito prácticamente total, ha dicho Calahorrano, antes de reconocer que en Madrid «la tarea es un poco más grande» al concentrarse los bienes de otras ciudades.
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Desde el punto de vista judicial, la abogada del despacho legal Abogados Sin Fronteras, Cynthia Favero, explicó que en este momento la denuncia ha sido admitida y trasladada al organismo correspondiente.
Por el momento, 612 afectados por el cierre de OGC han firmado la querella, aunque Favero dijo que esperan recibir en torno a 1.200 solicitudes, puesto que el proceso sigue abierto.
El inspector jefe de la Sección Judicial de la comisaría de policía de Arganzuela afirmó que aún no se ha podido establecer la cuantía económica generada por esta estafa, ya que según ha explicado en la actuación policial llevada a cabo «no se realizaron intervenciones de cuentas corrientes».
Tras la desaparición de los responsables de la compañía, la Fiscalía General del Estado de Ecuador solicitó, en el mes de julio, la detención de 7 personas por un delito de fraude aduanero vinculado con las operaciones de la empresa OGC.
OGC Paquetería tenía cuatro sucursales en España, una en Bélgica y otra en Guayaquil y tenían como objetivo captar compatriotas inmigrantes, considerados clientes potenciales del Plan de Retorno del Gobierno, para proponerles supuestas ofertas económicas en la mudanza de enseres, muebles y otros productos desde Europa hacia Ecuador.
Fuente: EFE
