Los titulares de la Contraloría, Servicio de Rentas Internas (SRI), superintendencias de Bancos y de Compañías, y de la Fiscalía deberán explicar, el 14 de noviembre, las acciones emprendidas en torno a la trama de corrupción en Petroecuador.
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Los convocados deberán comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la cual inició el proceso para llamar a representantes de las entidades de control.
La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, recordó que a inicios de 2016, apenas se desató el escándalo de los ‘papeles de Panamá’, la Comisión de Justicia del Legislativo amplió la investigación a funcionarios públicos con inversiones o cuentas en paraísos fiscales. Luego remitió el informe a la Contraloría General y a la Fiscalía.
“Esta Asamblea fue la que puso las alertas necesarias al sistema de justicia y a las entidades de control para que tomaran las acciones correspondientes sobre los implicados”, manifestó durante una rueda de prensa.
Luego de conocer el informe de la Comisión de Justicia, su par de Fiscalización, por decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), inició el proceso correspondiente, que implica la convocatoria a las autoridades de los organismos de control para que expliquen las acciones que tomaron desde el mismo momento en que recibieron las alertas, reseñó la Asamblea Nacional.
Rivadeneira no descartó la posibilidad de un juicio político. Señaló que los funcionarios deben explicar a las autoridades de control a la Comisión de Fiscalización,“sometiéndose incluso a la posibilidad de que, una vez se demuestre que no se ha cumplido con las competencias y funciones, pueda darse el curso de juicio político”, aseguró.
Por su parte, la legisladora Marisol Peñafiel, integrante de la Comisión de Fiscalización, explicó que el proceso avanza y que a la Comisión “le corresponde determinar y hacer el seguimiento de qué se hizo, qué se dejó de hacer y si se incumplió o no con lo que la ley manda”.
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En relación a la gestión del Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, y especialmente al caso de Carlos Pareja Yanuzzelli (CAPAYA), adelantó que deberá comparecer como autoridad de control a la Comisión de Fiscalización, y explicar sus acciones para evitar la salida del país del ex presidente de Petroecuador, de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes.