Unos seiscientos afectados por una supuesta estafa de una empresa de envío de paquetes a Ecuador han suscrito una querella colectiva que será presentada en breve en la Audiencia Nacional española y que incluye una petición de indemnización.
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Se trata del caso de la empresa OGC, que dejó de entregar unos 3.200 paquetes cuando saltó el escándalo, en marzo pasado, y que ha dado lugar a catorce detenciones en Ecuador, entre ellas las de los responsables de la sociedad.
La abogada Cynthia Favero explicó algunos detalles de la querella, que se basa en la presunta responsabilidad penal y civil de la empresa y en el supuesto de que ha cometido delitos como estafa, apropiación indebida e insolvencia.
Por ello, y para cubrir los daños causados, la querella cifra en 1,1 millones de euros (1,19 millones de dólares al cambio actual) la cantidad para indemnizar a los afectados.
OGC era empleada por ecuatorianos residentes en su país y en España para envíos de bienes y muchos de ellos no recuperaron ni el valor de esos objetos ni los gastos de envío.
La investigación llevada a cabo en Ecuador apuntó que los envíos fueron efectuados bajo la figura de menaje de casa, cuando en realidad se trataría de mercadería que, a diferencia de la anterior, estaba sometida al pago de impuestos.
La presunta ilegalidad, explicó entonces la Fiscalía, fue detectada cuando en los contenedores con los cargamentos se identificaron artículos diferentes a los permitidos.
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La viceministra ecuatoriana de Movilidad Humana, Esther Cuesta, y el embajador en España, Miguel Calahorrano, acompañaron a la abogada Favero y pusieron énfasis en que, aunque se trata de una empresa privada, las autoridades quieren respaldar a la población afectada, en especial la migrante, para que no se produzca indefensión.
OGC disponía de varias naves de almacenamiento en España, entre ellas en Madrid y Palma de Mallorca (islas Baleares), desde donde ya se han recuperado algunos paquetes que han podido ser remitidos aEcuador, apuntó el embajador. EFE
