Un panel del Tribunal de Apelaciones (TA) no concedió a Anaudi Hernández Pérez un amplio descubrimiento de pruebas en este momento en que afrenta una vista preliminar (VP) por evasión fiscal en su modalidad criminal.
Ese descubrimiento de evidencia lo tendrá el denunciado si se le acusa formalmente y se entre a la etapa de juicio, sostuvo el panel, compuesto por las jueces Nélida Jiménez Velázquez, en funciones de presidenta, y Monsita Rivera Marchand.
El tercer miembro del panel, juez Roberto Sánchez Ramos, no intervino, sin que se explicara las razones. Sánchez Ramos fue secretario de Justicia durante el cuatrienio del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático (2005-2008).
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Acevedo fue acusado por diversos actos de corrupción en su último año de mandato en la corte federal. El empresario Hernández Pérez hizo alegación de culpabilidad hace unos meses de montar un esquema de corrupción con el aval de diversos altos funcionarios de gobierno.
Antonio y Carlos Sagardía, abogados del denunciado, habían solicitado al Tribunal de Primera Instancia (TPI) que ordenara al Departamento de Hacienda que produjera una serie de documentos que le permitirían interrogar al auditor de esa agencia Raúl Rodríguez Morales, durante la VP, en la que serviría de testigo de defensa. El funcionario habría participado de la auditoría gubernamental al empresario.
El TPI rechazó la solicitud, así ahora el TA, debido a que en esta etapa del proceso legal no se activa el derecho a descubrimiento de prueba. La defensa tampoco levantó circunstancias especiales para obviar la norma.
Los imputados, pues se incluye a Verónica Ponce Peña, de Kendall Consulting Group, una empresa de Anaudi, elevaron un certiorari al TA el 4 de octubre pasado, en el que plantearon que tienen derecho a los documentos para poder interrogar a su testigo.
La VP es un proceso anterior a juicio, en el que se debe determinar si hay causa probable para someter a juicio a un imputado que, en rigurosidad, no es un “acusado”. La VP tampoco tiene el alcance y la formalidad de un juicio, donde aplican rigurosas reglas.
La VP solo pretende ser un filtro que le permita a aun imputado no tener que enfrentar caprichosamente la rigurosidad de un juicio. Las pruebas a las que tiene derecho la defensa durante una VP son las declaraciones juradas de los testigos.
Para el TA, el tribunal inferior “valoró adecuadamente los intereses de las partes”, defensa y ministerio público, y su determinación “no constituye un abuso de discreción”, y así denegó la solicitud de los documentos.
