La Asamblea Nacional con 92 votos a favor, 27 en contra y dos abstenciones, se allanó totalmente al veto del Ejecutivo, sobre la Ley que regula a las empresas que ofrecen servicios de salud prepagada.
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La normativa también incorpora la regulación de responsabilidad y corresponsabilidad de la relación contractual que asume el contratante y la empresa que da el servicio, al momento en que un contratante es atendido en la red de salud pública.
Carlos Velasco, vicepresidente de la Comisión de Salud, señaló a Andes que la disposición general quinta, en la que se establece que las empresas que ofertan servicios de salud prepagada o pólizas de asistencia médica “deberán cancelar o reembolsar a la institución de la Red Pública Integral de Salud los montos que por atenciones médicas en sus unidades se hayan efectuado”, se trata de un “cruce de cuentas entre lo público y lo privado”.
En el informe no vinculante que elaboró la Comisión de Salud se sugirió a los asambleístas allanarse a 13 de los 14 puntos enviados por el Presidente de la República. Los legisladores propusieron ratificar el texto del numeral ocho del texto original, en el que hace referencia a la exigencia de garantizar los servicios de salud en las modalidades cerradas, abiertas o mixtas.
Es decir, que el usuario o asegurado tendrá la posibilidad de escoger cualquiera de las tres modalidades y se prohíbe la oferta únicamente de la modalidad cerrada, como se venía celebrando en diferentes contratos.
Entre los beneficios que brinda la ley se encuentra: la cobertura a las mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, raras y crónicas.
La ley permite, entre otras cosas, regular, vigilar y controlar la prestación de este tipo de servicios de salud y fija las facultades y atribuciones para establecer y aprobar el contenido de los planes y contratos de atención integral de salud prepagada y de seguros de asistencia médica.
Fuente: Andes