La presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU) de Puerto Rico, Annette González, consideró de irresponsable el supuesto ejercicio de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) de identificarle a la junta de control fiscal federal las agencias en donde podría despedir empleados públicos.
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La sindicalista que reside la organización que representante más de 11 mil trabajadores y tres mil retirados, calificó las recomendaciones de OGP de un «fusilamiento a más de 3,500 madres y padres de familia».
«Resulta inverosímil que el gobernador García Padilla le dijera al país por los pasados años que bajo su gobierno no se despedirían empleados públicos, y hoy, a poco menos de noventa días de abandonar su cargo, coloque sobre el paredón», señaló.
La dirigenta sindical manifestó que el despido de empleados públicos no es la solución a la crisis fiscal, pues el gobernador Fortuño despidió sobre 20 mil trabajadores sin que ello resolviera la crisis en las finanzas públicas.
Declaró que, por el contrario, esa acción agravó la situación por el impacto económico que esto tuvo en el sector privado “y en donde se sacrificó el servicio público que brindan las agencias a los ciudadanos y hoy vemos el resultado de esta mala decisión”.
«Resulta ser una hipocresía, que bajo el pretexto de defender la nómina pública, le digan a la junta de control fiscal que se pudieran despedir 805 empleados en el Departamento de la Familia, 789 en el Departamento de
Educación, entre otras. Yo le exhorto a que le hablen con la verdad al país, a que le digan al servidor público que con sus acciones le están facilitando el trabajo a la junta de control fiscal», afirmó la lídersindical.
