El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, informó que tras los actos de corrupción detectados en Petroecuador se ha logrado determinar la presunta vinculación del exministro de Hidrocarburos Carlos P., algo que calificó como un «acto de traición» al Gobierno y al país.
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«Nos parece grave. Considero esto como una traición al Gobierno, una traición al Presidente de la República y he pedido no sólo la prisión sino el embargo de las cuentas», dijo.
Mera puntualizó que tras la información entregada por Panamá se encontró en las cuentas del exgerente de Petroecuador, Alex B. un monto de unos 12 millones de dólares y que habrían sido realizadas transferencias hacia el exministro Carlos P. por alrededor de un millón de dólares.
Además, el exfuncionario tendría otras empresas en paraísos fiscales pero que no figuran en los denominados Papeles de Panamá, puesto que habrían sido tramitadas con otros estudios jurídicos y no con el bufete panameño Mossack Fonseca.
Por esta razón desde el Gobierno se pidió la detención de Carlos P. y la incautación de bienes dentro y fuera del país, mismo procedimiento para otros ex funcionarios de Petroecuador quienes han sido vinculados al proceso penal que se les sigue en Ecuador.
También dijo que en el exterior fueron abiertos procesos penales que se encuentran en curso, aunque no dio más detalles por tratarse de investigación reservada.
Por su parte, el vicepresidente Jorge Glas señaló que las investigaciones permiten determinar que se había establecido una red de corrupción al interior de Petroecuador que vincula a exfuncionarios del régimen por lo que pidió disculpas al país y enfatizó que el Gobierno no tolerará este tipo de actos y que las investigaciones continuarán hasta las últimas consecuencias.
Recordó que la denuncia acerca de estos actos de corrupción fue realizada por el propio régimen y enfatizó en que el Gobierno no tolerará, cubrirá o protegerá a ningún funcionario vinculado con actos de corrupción.
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El delito por el que podría ser procesado Carlos P. es por cohecho que no tiene prescripción de pena y puede ser juzgado en la ausencia del implicado con penas que va de tres a cinco años de cárcel.
Fuente: ANDES
