El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Alejandro Torres Rivera, reaccionó hoy indignado después que la junta de control fiscal, que impone la legislación Promesa, diera a conocer que asume las riendas del gobierno puertorriqueño en materia fiscal.
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“Los acuerdos (tomados) en su reunión constitutiva significa que dentro de las agencias e instancias del gobierno que van a quedar bajo la supervisión inmediata de la junta de control fiscal, se encuentra toda la Rama Ejecutiva, las corporaciones públicas, los sistemas de retiro, la Universidad de Puerto Rico y otras dependencias como el Centro de Convenciones”, detalló Torres Rivera.
Para el presidente de los abogados y abogadas colegiados, en la práctica, los siete integrantes del organismo federal impuesto por la legislación Promesa, “asumen el control total y absoluto del país, colocando de paso al gobernador de Puerto Rico en un mero asistente administrativo con las encomiendas que esta le asigne por los próximos años en materia fiscal”.
“La realidad cruda que muestra el rostro de la junta de control fiscal sobre Puerto Rico disipa una vez más cualquier noción de gobierno propio que se hubiera querido proyectar sobre la realidad territorial y colonial de nuestro país”, Torres Rivera.
La imposición de la legislación Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, por parte del Congreso de Estados Unidos “nos recuerda cómo, a la altura del siglo 21, está aún en la agenda la vigencia del ejercicio del pueblo puertorriqueño a su libre determinación”, según el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas.
