El legislador municipal por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González Costa, denunció hoy que la administración municipal de la ciudad Capital dejó fuera a las comunidades de San Juan de la creación de una corporación para la revitalización de los cascos urbanos de la ciudad.
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La Corporación para el Desarrollo de las Comunidades de San Juan o Community Land Bank será una corporación sin fines de lucro creada al amparo del Proyecto de Ordenanza Num. 61, Serie 2015-2016 aprobado hoy por la legislatura municipal de San Juan, reveló.
La corporación será dirigida por una Junta de Directores encabezada por la alcaldesa carmen Yulín Cruz y seis miembros adicionales nombrados por la alcaldesa que no serán representativos de las comunidades.
Contará la corporacióń además con un comité asesor compuesto por nueve miembros, uno por cada comunidad de San Juan, pero no tendrá ni voz ni voto en las determinaciones de la Junta, cuyos miembros podrán ser comerciantes, pues el requisito es que sea residente o tener parte de sus negocios en San Juan.
Bajo ese requisito el consejo asesor pudiera estar compuesto por nueve inversionistas de la Ley 20 o la Ley 22.
«Es una pena que un mecanismo que pudiera ser un verdadero elemento democratizador se convierta en un instrumento del ejecutivo municipal, en el que las comunidades quedan relegadas al papel de ‘asesores’. Sólo hay que pensar en las terribles experiencias en las que las autoridades municipales o nacionales han ejercido sus facultades de desplazar comunidades como San Mateo de Cangrejos en Santurce hasta Los Filtros en Guaynabo», señaló el candidato del PIP a la alcaldía de San Juan.
Esta corporación, puntualizó, «tomará determinaciones tan importantes como decidir el destino de propiedades abandonadas, emitir bonos, poder decisivo sobre expropiación de comunidades. Es un atropello de por sí el no contar con las comunidades para este tipo de determinaciones”, dijo.
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Sin embargo, para ser miembro de la Junta, -aunque no son requisitos- se considerará el conocimiento que tengan sobre emisión de bonos, gestión de bonos, desarrollo urbano, asuntos jurídicos, entre otros.
El candidato dijo que estos conocimientos “alejan la posibilidad de poder contar con representación proporcional de las comunidades de San Juan».
El legislador municipal emplazó a la alcaldesa a que no firme la ordenanza y se devuelva a la consideración de la legislatura municipal para que se atienda nuevamente.
