A casi 10 años de haberse radicado ante la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) la querella en contra del gobierno de los Estados Unidos por privación de derechos humanos y civiles, el caso presentado por el exgobernador Pedro Rosselló y el Comité del Asunto Inconcluso de la Democracia Americana está maduro para ser presentado ante el pleno de la Comisión, que se reúne en noviembre próximo.
“Nos complace que la Comisión nos haya comunicado que entienden el caso está maduro para presentarse ante el pleno. Hemos presentado información adicional que fortalece nuestra petición para que se declare la violación de derechos humanos y civiles en Puerto Rico. Estamos confiados en que la Comisión habrá de responder conforme al caudal de prueba presentada acogiendo nuestra petición”, aseguró Rosselló.
La información adicional presentada para documentar incluye el resultado del plebiscito de 2012, el caso el Pueblo vs. Sánchez-Valle, el caso Franklin California Tax-Free Trust, la legislación federal Promesa que impone la junta de control fiscal y el informe de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico.
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En la reunión de seguimiento, celebrada el pasado viernes en la sede de la Comisión en Washington, participaron por parte de la CIDH, la secretaria ejecutiva adjunta y directora jurídica, Elizabeth Abi-Mershed y el especialista en Derechos Humanos Rafael Del Castillo, quien tiene a su cargo la preparación del informe que se someterá ante la Comisión en pleno.
Junto Pedro Rosselló estuvieron presentes en la audiencia los licenciados Orlando Vidal y Luis Berríos Amadeo, en representación del Comité del Asunto Inconcluso de la Democracia Americana.
El pasado mes de junio, al mismo tiempo que el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) atendía el caso de Puerto Rico en Nueva York, el exgobernador Pedro Rosselló exigió desde la capital federal el progreso del caso sometido por él, ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.
En ese entonces, Rosselló advirtió a la Comisión que se jugaba el respeto y la admiración del continente americano -como el mayor y último recurso de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos- si no actuaba pronto y urgió una solución las estas violaciones por parte de los Estados Unidos a más de 3.5 millones de sus ciudadanos en Puerto Rico.
“La neutralidad en este asunto no es una opción. O se defienden los Derechos Humanos fundamentales, o se violan o se permite que se violen; que a fin de cuentas es la misma cosa”, afirmó Rosselló en la audiencia anterior.
Rosselló presentó la querella junto al Comité del Asunto Inconcluso de la Democracia Americana el 17 de octubre de 2006, en representación de los 3.5 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico a los que los Estados Unidos les priva de una representación plena, al prohibírseles el ejercicio del derecho al voto por el presidente de EE.UU. y por representantes en la Cámara y senadores en el Senado Federal.
