Tras la decisión del Tribunal Apelativo que ordena al Municipio Autónomo de Ponce a entregar nombres de todos los empleados municipales, la alcaldesa María “Mayita” Meléndez Altieri anunció el jueves que acudirán al Tribunal Supremo para defender el derecho a la confidencialidad de sus empleados.
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“Esa revisión que estaremos promoviendo en el Tribunal Supremo tiene aún mayor peso tomando en cuenta que ese legislador de minoría solo busca violentar la información confidencial de los empleados municipales en un afán político partidista que nada tiene que ver con la función legislativa”, manifestó la alcaldesa ponceña en un comunicado de prensa.
La determinación de Meléndez Altiera se da luego que el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal de Ponce, Luis Irizarry Pabón informó el miércoles que el Tribunal de Apelaciones acogió favorablemente una solicitud para que el municipio divulgue los nombres de empleados contratados en supuesta violación a una ordenanza local. Dijo que la orden del foro intermedio rechazó un dictamen anterior del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce que no incluyó el acceso a expedientes de los empleados municipales ni a los nombres de los contratados durante el período del reajuste de la jornada laboral que llevó a la mitad el horario de los trabajadores del municipio.
“Esta servidora junto a su grupo de asesores legales ha evaluado la determinación reciente del Tribunal de Apelaciones sobre el pedido que un legislador de minoría ha hecho para que se divulgue información de los empleados municipales que la ley de Municipios Autónomos específicamente clasifica como información confidencial”, reiteró la mandataria.
Explicó que desde el primero de octubre de 2015, fecha en que el legislador acudió al Tribunal de Primera Instancia, el municipio se opuso tenazmente, esto para salvaguardar la privacidad de los expedientes, protegidos por ley, sino también para evitar acciones que los empleados puedan tomar en contra del ayuntamiento por la divulgación sin autorización de su información personal. Igualmente, el municipio se expondría a violaciones a la Ley de Municipios Autónomos, la Ley de Ética Gubernamental y otros delitos.
“Ante la obligación de confidencialidad que impone la Ley de Municipios Autónomos en el manejo de esa información y la interpretación contraria que ha dado el Tribunal Apelativo a pesar de que el Tribunal de Primera Instancia sí acogió la posición del municipio para proteger esa confidencialidad, se están examinando los remedios en ley disponibles para que la decisión sea revisada en el foro de mayor jerarquía”, indicó Meléndez Altieri.
Añadió que esta determinación del Tribunal de Apelaciones, de sostenerse, sería el punto de partida de acciones judiciales para requerirles a todos los municipios y las agencias del gobierno del Estado Libre Asociado a divulgar los nombres, salarios, posiciones, y departamentos en los que laboran todos sus empleados, provocando un “nefasto precedente”.
“Nos descansaremos ni escatimaremos en recursos para velar por la confidencialidad de nuestros empleados, tal y como lo determinó el Tribunal de Primera Instancia de Ponce”, sostuvo.
