El derroche de dinero público en la Cámara de Representantes quedó evidenciado ayer cuando se presentó la auditoría “externa” del proceso de contratación e instalación de un cuadro telefónico inoperante.
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La suma de $482,208 fue el desembolso que hizo la Cámara baja a la empresa 3 Comm Global, cuyo encargado era el exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD) y culpable por cargos de corrupción Anaudi Hernández. La cifra aumentó luego de enmiendas a su contrato. Inicialmente, la compañía obtuvo dos contratos que sumaron $244,500: uno por el servicio de voz y otro por la compra del sistema telefónico. Además, la instalación tuvo un retraso y se extendió por 14 meses el trabajo estimado en cuatro meses. Esto implicó un aumento de gastos de $40 mil a $120 mil.
El proceso de contratación fue por una subasta informal, porque la contratación sería de menos de $195 mil.
Según el evaluador en el ámbito técnico de la empresa Benchmark Technologies, Swikam Swok, afirmó que cualquier empresa contratada hubiese tenido problemas con la instalación del cuadro telefónico por la infraestructura del Capitolio. Pero, en efecto, 3 Comm Global no hizo el debido estudio de infraestructura previo a comenzar con la instalación del sistema tecnológico ni estableció un plan de implementación.
“La compañía no tenía experiencia previa en este tipo de implementación, sumado a que contrató a una empresa externa y compró teléfonos no adecuados. Esto era una receta para el fracaso”, dijo Swikam en rueda de prensa en la Casa de las Leyes sobre el andamiaje tecnológico que estuvo sin funcionar por año y medio.
Ante las fallas evidentes, el expresidente cameral Jaime Perelló ordenó en diciembre una auditoría interna, cuyo borrador se presentó en enero. Pero no fue hasta marzo que se solicitó una investigación por un ente externo. Benchmark Technologies en mayo rindió su borrador y en agosto la Cámara solicitó la presentación de los hallazgos finales.
El jefe del cuerpo ejecutivo, William Díaz, indicó que, por el receso legislativo, no se procedió con la conclusión de las auditorías. El receso legislativo fue el 1.o de julio.
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De otro lado, el presidente cameral en funciones, Roberto Rivera Ruiz de Porras, dijo que nunca habló con Perelló sobre las deficiencias del cuadro ni de las auditorías, pues sus funciones como vicepresidente eran legislativas y no administrativas.
En la auditoría de Benchmark Technologies, que ha cobrado entre $12 mil y $15 mil, no entrevistaron a Perelló ni personas relacionadas con 3 Comm Global por el proceso que lleva el Tribunal federal que implica un alegado esquema de corrupción en la Cámara.
Rivera Ruiz de Porras no descartó llevar los informes a las autoridades pertinentes para que la situación no vuelva a pasar. Igualmente, no descartó remitirlos a la Oficina del Contralor, tal como recomendó el mismo Perelló ayer.
