El Consejo de la Judicatura (CJ) suspendió por 90 días a un juez penal que ordenó el inédito embargo y remate de un predio en plena zona urbana del cantón Naranjal, en Guayas, donde se asientan edificios públicos y particulares, parques y centros educativos.
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En la resolución del CJ se indica que la suspensión del juez Ángel Cojitambo, de la Unidad Penal de El Empalme, obedece a que este habría incurrido en actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico vigente dentro del proceso y además se busca evitar una situación que produzca la vulneración de derechos de terceros.
Además se dispuso el inicio de un sumario disciplinario en contra del juez, quien, en el marco del debido proceso, podrá ejercer su derecho a la defensa y presentar todos los argumentos jurídicos y técnicos que expliquen su actuación en el juicio, señala el CJ en un comunicado.
Según medios locales, el proceso se ventila desde el año 2014 por una deuda de 2,5 millones de dólares que no se pagó, por lo que el funcionario judicial dispuso el embargo de más de mil hectáreas, en las que hay 27 lotizaciones y bienes estatales y municipales como el cuartel de Policía, iglesias, hospitales, parques, mercados y cientos de viviendas.
Autoridades locales y moradores del cantón Naranjal, ubicado en el sur de la provincia del Guayas, han calificado a la decisión del juez Cojitambo como un caso de Ripley.
Fuente: Andes