El Senado brasileño se pronunció hoy – 10 de agosto- por una clara mayoría en favor de la continuidad del proceso contra la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, lo que la pone frente a un juicio final que será celebrado a fines de este mismo mes.
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En una sesión que se prolongó durante unas 16 horas y dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, como garante constitucional del proceso, el Senado aprobó, por 59 votos a favor y 21 en contra, un informe que recomienda destituir a Rousseff, acusada de graves irregularidades fiscales.
Esa decisión llevará a una última sesión, que será convocada para fines de este mes, en la que Rousseff será despojada de su mandato si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos, que representan dos tercios del pleno del Senado y que sus adversarios probaron hoy que ya tienen prácticamente consolidada.
La fecha de ese juicio final deberá ser establecida por la Corte Suprema, que desde ya ha calculado que la sesión durará entre tres y cinco días, ya que en esa fase definitiva volverán a ser escuchados testigos de la defensa y de la parte acusadora.
Si Rousseff fuera destituida, el mandato que vence el 1 de enero de 2019 será completado por Michel Temer, quien hasta el 12 de mayo pasado ocupaba la Vicepresidencia y la sustituye en forma interina desde esa fecha, cuando se instauró el proceso y fue suspendida de sus funciones.
Pese a que la Corte Suprema había previsto que la sesión, que comenzó el martes y concluyó entrada la madrugada del miércoles, duraría al menos unas veinte horas, el trámite se abrevió gracias a un acuerdo con parlamentarios que aceptaron renunciar a su derecho de palabra.
De esa manera, el presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, se pronunció en nombre de los otros diez senadores de esa formación para declarar su apoyo al proceso.
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Neves, derrotado por Rousseff en las elecciones presidenciales de 2014 por apenas tres puntos porcentuales, afirmó que el proceso ha demostrado la veracidad de la denuncia sobre la «irresponsabilidad» de la mandataria en aquella campaña.
«El país constata ahora lo que dijimos en 2014», pero también «quiere que aquellos que cometieron crímenes respondan por ello», así se trate de «la presidenta de la República, que no puede estar por encima de la ley», declaró.
Rousseff, según dijeron a Efe fuentes de su entorno, acompañó la sesión por televisión desde el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia que aún ocupa y que ha convertido en el «fortín de la resistencia al golpe», como califica el proceso.
Durante toda la jornada que el Senado dedicó a la votación del informe que recomienda su destitución, Rousseff solamente rompió el silencio a través de las redes sociales, en las que agradeció la «solidaridad» del senador estadounidense Bernie Sanders.
Sanders, que fue rival de Hillary Clinton en las primarias del Partido Demócrata en Estados Unidos, afirmó hoy en un comunicado que está «profundamente preocupado por los esfuerzos para alejar del poder a la presidenta elegida democráticamente».
También sostuvo que «el intento de alejar del poder» a Rousseff «no es un juicio legal, sino político» y que «Estados Unidos no puede quedarse en silencio mientras las instituciones democráticas de uno de nuestros aliados más importantes son socavadas».
Rousseff, enclaustrada en el Palacio de la Alvorada, prepara una «Carta a los Brasileños», un documento en el que ha adelantado que propondrá al país convocar a unas nuevas elecciones presidenciales a la mayor brevedad en caso de que sea absuelta y recupere el poder.
Esa propuesta, sin embargo, requerirá de la aprobación de un Parlamento que le ha sido hostil y que se prevé que se resistirá a unos nuevos comicios, sobre todo si fueran generales e incluyeran la renovación de las cámaras legislativas.
