Un juez de Quito admitió ayer- 9 de agosto- a trámite una demanda del presidente, Rafael Correa, contra el periodista Fernando Villavicencio; condenado por injuriarle y a quien la Justicia impuso el pago de cerca de 140.000 dólares de forma solidaria con otros dos condenados por los mismos hechos.
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El exlegislador opositor Clever Jiménmez y Villavicencio (asesor de este) fueron condenados en 2014 a un año de prisión, mientras que el activista Carlos Figueroa lo fue a seis meses de privación de libertad por la Justicia ecuatoriana, que les impuso el pago conjunto de la citada cantidad.
Los tres fueron sentenciados por lanzar acusaciones contra Correa, sin pruebas, en relación con los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010.
Ese día, el gobernante estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial que el Gobierno considera un intento de golpe de Estado.
Los condenados lo acusaron ante la Fiscalía de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para supuestamente planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.
La Fiscalía no acogió la denuncia, que calificó de maliciosa y temeraria, por lo que Correa emprendió el juicio por injurias contra ellos.
En una providencia que Villavicencio publicó en su cuenta de Twitter, el juez Edwin Cevallos le insta a pagar la deuda en tres días y, en caso contrario, dispone la confiscación de sus bienes.
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El juez ordena también a Villavicencio presentar un balance de bienes indicando el activo y el pasivo, le prohíbe administrarlos y salir del país sin su autorización, entre otras medidas.
«Yo voy a esperar, espero que el depositario judicial vaya y lleve la cama, el plasma, los computadores, la cuna de mi hijo y la entreguen al presidente Correa», dijo el implicado a la televisión Ecuavisa.
Y agregó que «esta actitud del presidente Correa» pretende impedirle que vaya a la Asamblea nacional a ejercer una labor de fiscalización.
El abogado de Correa, Caupolican Ochoa, en declaraciones al mismo canal comentó que «todo el país conoce cuál es la actitud resistente, reticente, de los procesados, que se han negado a cumplir la sentencia», por lo que consideró adecuada la resolución del juez
