«Acá no lo vamos a hacer, pero si quieres te pago el boleto de avión para que te vayas a la Ciudad de México y te lo hagas allá»; esta fue la respuesta que las autoridades de Sonora dieron a una niña de 14 años que pidió interrumpir su embarazo, fruto de una violación.
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Es el caso de Citlali, una joven indígena huichola que quedó embarazada por una agresión sexual, pero que se encontró con la negativa de un hospital de la capital del estado, Hermosillo, porque un juez reclasificó el delito de violación como estupro, porque supuso que hubo consentimiento por parte de la menor.
Para el Grupo de Información de Reproducción Elegida (Gire), que asesora a la familia en el caso, el que sea violación o estupro resulta indiferente.
«Es un tecnicismo, lo que tiene que contemplar la ley es que haya una agresión sexual», señaló hoy en entrevista con Efe la directora de la asociación, Regina Tames.
El Código Penal del norteño estado de Sonora establece penas de cárcel para las mujeres que aborten de hasta seis años, con dos excepciones: violación o riesgo para la salud de la madre.
Sin embargo, para solicitar un aborto no es necesario hacer una denuncia por violación, recuerda Tames.
«Por un lado corre la vía de la investigación contra el agresor y por otro el derecho que tú tienes, y lo que Sonora hizo fue juntar los dos (…) y eso no es para nada lo que dice la norma de salud», defiende.
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La gobernadora de la región norteña, Claudia Pavlovich, defendió el martes la actuación de las autoridades porque «la Secretaría de Salud está imposibilitada legalmente» para facilitar el aborto, por tratarse del delito de estupro.
Pero Tames señala que, tanto en este caso como en otro ocurrido en Durango, en el que tampoco concedieron la interrupción a una víctima de violación, las autoridades ofrecieron a las familias de manera extraoficial un boleto de avión para que pudieran viajar a la capital, donde el aborto libre es legal hasta las 12 semanas.
Continuar con el proceso en Sonora, afirma la abogada, queda descartado.
En estos momentos «se está valorando traerla a la Ciudad de México», para que pueda abortar, y desde el Gire -quien apoyará económicamente a la familia- están realizando gestiones para ver si es viable realizar el proceso, seguramente en una clínica privada.
La joven se encuentra casi en el límite para llegar al plazo de las 12 semanas, pero aunque sea superado, intentarán apegarse a alguna de las causales que permiten el aborto hasta la semana 20.
Podría ser por violación o por riesgo a la salud de la madre. Por tratarse de una niña de esa edad, que no ha terminado con su desarrollo físico, es mucho más riesgoso continuar con el embarazo que tener un aborto seguro, comenta la directora del Gire.
Citlali es una niña que vive en una comunidad a más de una hora de la capital y tiene una familia con escasos recursos, que depende de los ingresos del padre.
No se puede definir un perfil concreto en las mujeres que enfrentan problemas semejantes cuando solicitan un aborto, porque los impedimentos aparecen a lo largo de toda la geografía mexicana.
En el país, además, hay estados que están añadiendo a sus Constituciones artículos de «protección a la vida» que, si bien conviven con los supuestos que imposibilitan la prohibición total del aborto, sí incrementan la «criminalización» de las mujeres, observa Tames.
Esto sucedió la semana pasada en Veracruz, donde se aprobó la reforma de un artículo para garantizar el derecho a la vida «desde el momento de la concepción», una medida que fue criticada por las instituciones de la ONU en México, que la tacharon de «regresiva».
En los últimos años han aumentado las denuncias a las mujeres por el «delito de aborto», lo que implica que estas pueden acabar en prisión preventiva, subraya la abogada.
La desinformación sobre salud sexual y reproductiva sigue siendo insuficientes. En el caso de Citlali, las autoridades no le explicaron las diferentes alternativas para solicitar el aborto ni que podía tomar la píldora del día después.
Durante los dos sexenios (2000-2012) en los que gobernó el conservador Partido Acción Nacional (PAN) «se abocaron a no decir nada sobre anticoncepción, no había libros de primaria con educación sexual».
Ahora, con una política más abierta y campañas de planificación familiar, es momento de volver a señalar que esta «es una política pública, el Estado está obligado a dar información», asevera Tames.
Fuente: EFE
