La Secretaría General de la Asamblea Nacional puso en consideración de los legisladores el proyecto de ley de la asambleísta Liliana Guzmán, a través del cual plantea que la Junta Investigadora de Accidentes (JIA) presente su informe en un plazo de ciento ochenta días, luego de ocurrido el accidente o incidente de una aeronave.
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Según la propuesta, la JIA, de forma motivada, podrá solicitar una prórroga al Director o Directora General de Aviación Civil, quien podrá autorizar dicha prórroga por un tiempo que no podrá ser superior a noventa días.
Para este efecto la legisladora plantea reformar el artículo 13 de la Ley de Aviación Civil publicada en el Registro Oficial, suplemento No. 345, de 11 de enero de 2007.
La Junta Investigadora de Accidentes investiga y establece los hechos, circunstancias, causa o probable causa de un accidente o incidente de aeronave en la que tiene autoridad de investigar. En las investigaciones identificará evidentes deficiencias de seguridad y efectúa recomendaciones conducentes a eliminar o reducir cualquier deficiencia de esa seguridad.
En su exposición de motivos, Liliana Guzmán, argumenta que el 28 de abril de 2016, el avión del vuelo TAE173, de la compañía TAME, se salió de la pista en el aeropuerto Mariscal Lamar, de Cuenca, por el cual se suspendieron las operaciones por 36 horas, tiempo que luego fue prolongado por disposición de la Dirección General de Aviación Civil, hasta el 5 de mayo del presente año.
Explica que desde esa fecha, han existido constantes cancelaciones de vuelos desde y hacia Cuenca, debido a restricciones interpuestas al aeropuerto, generándose de esta manera mayor incertidumbre ciudadana, a la espera de tener información confiable y segura sobre las causas que motivaron el accidente aéreo del 28 de abril de 2016.
Otro aspecto, que motivó a la representante de la provincia de Azuay a presentar esta iniciativa, es que en la ley vigente no se determina el plazo en el que la Junta Investigadora de Accidentes tiene para emitir su informe, por lo que queda a su arbitrio emitirlo, lo que “no es razonable y no cumple lo establecido en el artículo 18 numeral 1 de la Constitución, que garantiza el derecho a recibir información oportuna”.