Un juez del estado brasileño de Amazonas ordenó el bloqueo de 38 millones de reales (unos 11,5 millones de dólares) de las cuentas de Facebook en Brasil tras la negativa de la empresa de cumplir una orden judicial para levantar el sigilo de conversaciones en WhatsApp, informó la Fiscalía
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El valor bloqueado equivale a la multa que la Justicia del Estado de Amazonas le impuso a Facebook, el controlador de WhatsApp, por negarse a cumplir la orden judicial. El tribunal impuso una multa diaria de un millón de reales (303.030 dólares) en una sentencia dictada hace 38 días.
El secuestro de los valores fue solicitado por la Fiscalía como sanción alternativa ante la falta de eficacia de otras decisiones judiciales determinadas en Brasil para obligar a Facebook a revelar conversaciones en WhatsApp de personas investigadas.
La semana pasada un juez del estado de Río de Janeiro silenció por cerca de cuatro horas la aplicación de intercambio de mensajes de texto y de voz en todo el país pero la Corte Suprema suspendió la medida por considerar que atentaba contra la libertad de expresión y de comunicación.
Fue la tercera vez que la aplicación fue bloqueada provisionalmente en Brasil y que dejó a millones de usuarios sin el servicio por determinación de un juez de primera instancia. En las tres ocasiones la restricción fue anulada por un tribunal superior.
Los tres bloqueos fueron determinados por los jueces ante la negativa de Facebook de obedecer órdenes judiciales para ofrecer informaciones sobre el contenido de conversaciones de sus usuarios.
En todas las ocasiones Facebook alegó que no archiva ni tiene acceso a las conversaciones de los usuarios de WhatsApp, por lo que carece de condiciones técnicas para divulgar el contenido de las mismas.
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El procurador Alexandre Jabur, el fiscal responsable por la investigación en Amazonas y que solicitó el bloqueo, afirmó que la sanción económica puede obligar a Facebook a finalmente colaborar con las autoridades judiciales de Brasil.
El fiscal alegó que Facebook ha demostrado hasta ahora «un enorme desprecio por las instituciones brasileñas» al negarse a cumplir órdenes judiciales que determinan el levantamiento del sigilo de mensajes intercambiados por delincuentes.
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«Al concederles protección absoluta a la intimidad, la empresa supera lo límite de lo razonable y crea un ambiente propicio para que los criminales se comuniquen, con lo que favorece a aquellos que cometen crímenes graves, como terrorismo, secuestro y narcotráfico», argumentó Jabur.
Según la Fiscalía, la decisión cumple lo establecido por el Marco Civil de la Internet, la legislación aprobada en 2014 y que prevé que las leyes brasileñas sean cumplidas incluso por empresas con sede en el exterior que ofrecen servicios en la red en Brasil.
Jabur se abstuvo de divulgar detalles sobre la investigación judicial por estar protegida por el sigilo.
