Guayaquil

Correa ratifica consulta popular sobre paraísos fiscales

El presidente Rafael Correa estima que hay unos 30.000 millones de dólares de ecuatorianos en paraísos fiscales.


El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ratificó hoy, 16 de julio, su iniciativa de realizar una consulta popular para inhabilitar a políticos con “bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales” prevista para efectuarse con las elecciones generales de febrero de 2017, propuesta que anunució el jueves 14 de julio.

¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales? , es el texto de la interrogante que será llevada a consulta a los ecuatorianos.

Durante un mensaje transmitido a la nación en cadena nacional, Correa expresó que la lucha contra los paraísos fiscales debe trascender toda ideología, afirmó el dignatario, quien explicó que a esos lugares acuden quienes buscan evadir su responsabilidad, no pagar impuestos u ocultar el origen de sus riquezas, incluso a veces ilícitas.

«Todo esto, no solo genera corrupción, sino que también ahonda la desigualdad y las diferencias sociales», advirtió.

En ese sentido, señaló que aunque la evasión fiscal perjudica a todos los países, en proporción los estados pobres son los más perjudicados.

«En Latinoamérica, 32 millones de personas pudieran salir de la pobreza si los capitales escondidos en paraísos fiscales, pagaran el impuesto sobre la renta que les corresponde«, ejemplificó. Asimismo, dijo que en Ecuador en 2014 y 2015 salieron a esos territorios tres mil 379 millones de dólares, cantidad equivalente a reconstruir íntegramente las zonas afectadas por el terremoto de abril pasado.

Seguidamente, informó que esta mañana envió a la Corte Constitucional un pedido para que el Consejo Nacional Electoral someta a consulta popular la pregunta: Al respecto, señaló que muchos sectores, incluso opositores, reaccionaron al llamado a un Pacto Ético, que realizó en su informe a la Nación en mayo último, para rechazar a candidatos a dignatario y funcionarios públicos con capitales en paraísos fiscales, pero algunos justificaron su amoralidad.

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