Martha Gualotuña iba a menudo al centro comunitario de su barrio y preguntaba si la Corte Suprema había decidido ya sobre el plan para ayudar a inmigrantes.
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Tenía la esperanza de viajar pronto a Ecuador a ver a los tres hijos que dejó allí en 1995 y no ve desde entonces. También pensó que pronto se atrevería a pedir un crédito para abrir su propio negocio de mecánica de automóviles y solicitar un permiso de conducir.
Pero este jueves las ilusiones de esta inmigrante de 57 años se vinieron abajo.
Los jueces de la Corte Suprema enterraron planes anunciados hace año y medio por el presidente Barack Obama para proteger a millones de la deportación y otorgarles permisos de trabajo. Debido a la falta de acuerdo en la corte, un fallo de corte inferior que bloquea las medidas ejecutivas del presidente permanece vigente y congela por tiempo indeterminado esos programas.
«Es muy lamentable, muy doloroso», dijo Gualotuña. «Y ahora qué se puede esperar. Para mí es muy fuerte».
La ecuatoriana calificaba para uno de los programas anunciados por Obama y que hubiera beneficiado a padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Gualotuña tiene tres hijos nacidos en Estados Unidos. Además de obtener un número de la seguridad social y trabajar, el programa le hubiera permitido viajar a Ecuador.
La amenaza de la deportación
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«Yo tuve cinco hijos en Ecuador y solo he podido traer a dos. Al más chiquito lo dejé allí con once meses. Aún sueño con verle», dijo la inmigrante con la voz rota.
El plan del que se hubiera beneficiado la ecuatoriana, conocido como DAPA por sus siglas en inglés, buscaba eliminar temporalmente la amenaza de deportación para unos 4 millones de inmigrantes. Obama también había propuesto ampliar una disposición anterior que beneficiaba a las personas traídas sin autorización al país cuando eran niños.
Tras conocerse el empate en la decisión de los jueces (cuatro a favor y cuatro en contra) el gobierno, políticos demócratas y decenas de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes se apresuran a criticar el resultado emitido por la corte, calificándolo de decepcionante y devastador. Por otro lado, algunos políticos republicanos y grupos que promueven medidas para frenar la inmigración declararon que la decisión de la corte es una «victoria» para los trabajadores estadounidenses.
Los planes de alivio migratorio toparon con el primer obstáculo cuando 26 estados con gobiernos republicanos demandaron al gobierno federal para frenar su implementación. Los republicanos en el Congreso también apoyaron la demanda de los estados.
El juez de Texas Andrew Hanen se declaró a favor de la demanda de los estados, con lo que la iniciativa quedó bloqueada. El Tribunal Federal de Apelaciones de Quinto Circuito también se puso de lado de los demandantes y el Departamento de Justicia apeló rápidamente a la Corte Suprema para que el caso pueda ser decidido en este periodo.
