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Ecuador insiste a EE.UU. en petición de extradición de exbanqueros

Por EFE

El Gobierno de Ecuador reiteró hoy al de EE.UU. su petición de extradición de los hermanos Roberto y William Isaías, exbanqueros condenados en su país a ocho años de prisión cada uno por el delito de “peculado bancario” o malversación de fondos.

El canciller ecuatoriano, Guillaume Long, expresó esta solicitud a la secretaria adjunta de EE.UU. para América Latina, Mari Carmen Aponte, con quien se reunió en Santo Domingo, donde participó en la 46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El ministro puntualizó que el pasado 6 de junio, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rechazó las alegaciones de los Isaías en el sentido de que su condena en Ecuador constituye una persecución.

El dictamen del Comité “ratifica que en este caso no se ha perseguido a personas, sino actos delictivos bajo el principio de legalidad”, señaló el ministro, según un comunicado de la Cancillería.

“Estos banqueros prófugos que hicieron tanto daño a nuestro país tienen que enfrentar la justicia”, agregó acerca de los condenados, cuya extradición solicitó el Estado ecuatoriano en 2010.

Según dijo Long el lunes en Quito, en su dictámen el comité estableció que no hubo violación a las garantías del debido proceso y que las declaraciones públicas emitidas por representantes de la función Ejecutiva y Legislativa sobre el llamado “caso Filanbanco” no incidieron en el actuar de los jueces que los declararon culpables.

Asimismo, que en la tramitación del proceso penal contra los hermanos Isaías “no se vulneró su derecho a ser juzgados sin dilaciones indebidas”.

Entre otros aspectos, Long informó de que el comité no admitió la queja planteada sobre la violación al derecho a la libertad personal.

El comité consideró que existió una afectación del “derecho de los autores (…) a un proceso con la debidas garantías en la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”, en relación con la incautación de activos de acuerdo a una resolución de un ente estatal.

“Sin embargo, el comité no determinó ninguna violación respecto a las incautaciones como tal, ni se refirió a su legalidad o validez jurídica”, indicó Long.

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