El presidente, Rafael Correa, precisó ayer, 13 de junio del 2016, que la eventual consulta popular que ha planteado acerca del acceso a cargos de elección popular a quienes tengan capitales en paraísos fiscales daría un plazo a sus poseedores para retirar fondos y empresas de esos enclaves financieros.
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El mandatario dijo a principios de mes que no excluye la celebración de una consulta popular para preguntar «al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con prohibir cualquier cargo de elección popular a los que tengan capitales en paraísos fiscales».
«Esto es tan grave que yo no excluyo una consulta popular en las elecciones de febrero del 2017», declaró el mandatario, en referencia a políticos ecuatorianos que, según dijo, poseen fondos en el exterior, aunque entonces no precisó nombres ni entró en detalles sobre los plazos para la eventual prohibición.
«Hay que inaugurar la decencia y la coherencia en el país», apostilló el jefe del Estado, quien considera esas actividades opuestas a la ética.
En Twitter, Correa respondió hoy a críticas sobre él de los que llamó «los corifeos de siempre» y de quienes dijo que defienden, precisamente, a «candidatos con fortunas en paraísos fiscales».
«Dicen que prohibir su participación sería ‘golpe de estado’. ¡Vaya disparate! Ya no tienen ni recato», tuiteó el mandatario.
Explicó que en esa eventual consulta, que coincidiría con las elecciones presidenciales de febrero de 2017, se otorgaría «un año de plazo» para que «saquen capitales y empresas de paraísos fiscales» quienes los tengan en ellos.
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«No se busca impedir participación de nadie, se busca un poco de ética y coherencia», insistió Correa, quien, de otro lado, agregó una posdata a sus mensajes para señalar que el apoyo de Ecuavisa al precandidato opositor Guillermo Lasso «ya es descarado».
«¡Muchas gracias! Es el candidato más fácil de derrotar.», concluyó el gobernante.
Lasso ha sido mencionado en informaciones sobre sus negocios en Panamá a raíz de las revelaciones conocidas como los papeles de Panamá, aunque él ha asegurado que su nombre «no aparece en lo absoluto» en esas investigaciones.
Pero, según él, «el diario El Telégrafo (público) quiere pescar en río revuelto y dice: ‘Lasso tiene un banco en Panamá’, como si fuera una novedad».
Según explicó en abril en un encuentro con corresponsales extranjeros, ese banco está establecido formalmente en Panamá, sometido a la regulación de la Superintendencia de Bancos, paga impuestos en ese país y cuenta con «caras y personas» que responden de sus actividades.
