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Un tribunal de Loja, en el sur de Ecuador, condenó ayer, 30 de mayo del 2016, a cuatro años de prisión a dos indígenas, acusados de generar disturbios y agredir a policías durante unas protestas contra el Gobierno en agosto del año pasado.
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Otros ocho indígenas, acusados también por cerrar una carretera durante las protestas, fueron liberados por el tribunal, al no encontrar en el proceso indicios que los vincularán con los delitos investigados.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Coanie) calificó como una «clara violación a los derechos humanos» la condena de los dos campesinos a los que el tribunal, según dijo, ha impuesto penas excesivas a las que se estipulan en la normativa penal interna.
La coordinadora de movimientos sociales de Saraguro, la comunidad a la que pertenecen los indígenas, expresó su «total repudio al accionar cuestionable de las autoridades» y denunció que el proceso ha estado «lleno de irregularidades e injusticias, con pruebas tergiversadas, testimonios falsos, violación al debido proceso», entre otros.
«Exigimos la libertad inmediata de todos los procesados de Saraguro», señaló la coordinadora que también anunció «medidas de resistencia» contra la sentencia.
Carlos Pérez, dirigente de la Conaie, no descartó que el caso se presente ante tribunales internacionales, si en las instancias locales de justicia no prosperan las apelaciones que se preparan para frenar la sentencia.
Tras la audiencia en el tribunal de Loja, indígenas y activistas marcharon por las calles de esa ciudad en rechazo a la condena contra los dos miembros del pueblo Saraguro.
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En esa movilización, los manifestantes quemaron un monigote que representaba al presidente del país, Rafael Correa, y exigieron la salida de la gobernadora (representante del Ejecutivo en la jurisdicción), Johanna Ortiz.
Las protestas de agosto pasado fueron convocadas por grupos indígenas y sindicales contra un paquete de enmiendas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo que, entre otras cosas, permitía la reelección presidencial indefinida.
Asimismo, exigían la derogación o archivo de normativas que, según los manifestantes, afectaban al sector laboral, a los indígenas, campesinos y a la población en general, como las leyes de Agua, Tierra, unos decretos calificados por ellos como «antiobreros» y un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), entre otros.
El presidente Correa, por su parte, criticó entonces la violencia de los manifestantes en varias de las protestas efectuadas contra su Gobierno, que dejaron también más de un centenar de policías heridos.
«Claudicar ante eso sería retroceder décadas al país», aseguró en esa época el mandatario que rechazó lo que llamó «secuestro» de un policía por parte de los manifestantes en la zona de Saraguro.
