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Este miércoles el gobierno de Nicolás Maduro no pudo evitar que la oposición venezolana realizara una marcha hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para exigir que se active referéndum revocatorio contra el mandatario.
A pesar de que Maduro declaró desde el lunes 16 de mayo estado de excepción para prohibir las protestas en su contra, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró que se entregara una petición para acelerar el proceso.
MUD fue la encargada de convocara a la marcha. Esta, a favor de la causa el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, advirtió a Maduro que si quería aplicar el decreto debía sacar los tanques de guerra además del ejército a la calle, porque los venezolanos seguirían protestando.
Y entonces eso fue lo que hizo el mandatario. Tanques militares rodearon la Plaza Venezuela ubicada en la capital para impedir que avanzaran los manifestantes.
Pero a pesar de eso, los manifestantes lograron entregar al rector Luis Emilio Rondón el documento en que se pide validar las más de mil firmas que se dieron a principio de mayo al Consejo Electoral Nacional.
La crisis que envuelve a Venezuela está teniendo consecuencias desfavorables para el gobierno de Maduro.
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Desde el 27 de julio, la oposición venezolana comenzó a recaudar 195 mil 721 firmas necesarias para iniciar un proceso revocatorio contra Maduro.
Tras hacer un gran llamado a los venezolanos, MUD logró recaudar un millón 850 mil firmas que días después entregó al Consejo Electoral Nacional para su revisión.
Ante esta situación, Maduro señaló que demandaría un resarcimiento contra la Mesa de la Unidad Democrática, en caso de que se detectara una rúbrica falsificada.
Días después, el gobierno venezolano declaró estado de excepción por 60 días en todo el territorio. El objetivo principal era hacer frente a un supuesto golpe de Estado planeado desde el exterior del país.
Con la norma se dan atribuciones “extraordinarias” a las autoridades. Además de permitir a la Fuerza Armada Nacional y los órganos de seguridad ciudadana ejecutar planes especiales que garanticen el orden público.
