La Fiscalía General de Ecuador anunció hoy, 2 de mayo del 2016, la apertura de una investigación administrativa sobre los materiales de construcción y los permisos de ejecución de obras en las zonas afectadas por el terremoto que golpeó la costa norte del país en abril.
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El fiscal general, Galo Chiriboga, dijo que «si de esa investigación administrativa se puede presumir la existencia de alguna infracción», se efectuarán indagaciones sobre «quién puede ser el responsable», según un comunicado del Ministerio Público.
La primera fase de la investigación administrativa será la recolección de muestras para su análisis por parte de ingenieros especializados en materiales de construcción, con lo que se pretende determinar cuál era el estado del material utilizado y si era el adecuado para construir.
También se verificarán los procedimientos administrativos en cada municipio para la concesión de los permisos de construcción y se identificará a los constructores.
Tras la investigación se presentará un informe con propuestas para reforzar el sistema jurídico de los municipios para la concesión de permisos de ejecución de obras.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, hizo hoy un llamamiento a los ciudadanos a denunciar a quien no cumpla con las normas de construcción vigentes, pues consideró que ello pone en peligro la vida de las personas y recordó que solo en un centro comercial de la localidad de Manta murieron 92 personas al derrumbarse el edificio por el terremoto.
Pidió que no se olviden «los fallecidos, los heridos, las construcciones que se cayeron como castillos de naipes» y se exijan «mejores construcciones, ciudades más ordenadas, ciudades fuera de zonas de riesgo».
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«Ustedes, ciudadanos, no el presidente, son los que tienen que reclamar a sus alcaldes que hagan cumplir esas normas ecuatorianas de construcción que ya existen», aseveró.
La Fiscalía ha pedido el apoyo de la Universidad San Francisco de Quito y está en conversaciones con la Escuela Politécnica Nacional para formar el equipo de expertos que trabajará en la investigación administrativa.
A ello, agregó, se suma la colaboración de alcaldes de las provincias de Manabí y Esmeraldas, afectadas por la catástrofe, que ha dejado 660 muertos, 28 desaparecidos y 22.769 personas albergadas.
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